El mayor centro de investigación en renovables denuncia su abandono

El mayor centro de investigación de energía solar de concentración de Europa está irreconocible. Bajo una de las torres que recogen la luz concentrada para fabricar electricidad, los trabajadores de la Plataforma Solar de Almería (PSA) portan una pancarta negra en la que exigen al Gobierno que les deje trabajar sin trabas burocráticas. Mientras, parte de sus compañeros del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, del que depende la PSA, también protestan por la situación.

Este centro de investigación, considerado estratégico por la Unión Europea, se encuentra en una situación surrealista. Aunque tiene millones de euros en financiación de la UE, corre el peligro de tener que devolverlos porque las trabas legales impuestas por el Gobierno no permiten gastar parte de ese dinero. El origen del problema es una normativa presupuestaria aprobada en 2016, a la que se suman otras medidas legales que están ahogando a este centro y muchos otros organismos públicos de investigación.

En la PSA, los problemas burocráticos afectan a 6,8 millones de euros de 15 proyectos europeos cuya cuantía total, contando también la parte que se realiza en otros países de la UE, es de 71 millones de euros. Si no se anula la normativa de 2016, la PSA tendrá que empezar a devolver parte de ese dinero con intereses a partir de 2020, según han asegurado Sixto Malato, exdirector de la plataforma, y Eduardo Zarza, uno de sus investigadores, en una rueda de prensa en Madrid en la que han exigido al Gobierno que solucione cuanto antes su situación. En noviembre dimitieron como director de la PSA y jefe de unidad, respectivamente, como protesta.

“Llevamos dos años advirtiendo del problema por los cauces oficiales y haciéndolo público desde hace seis meses, pero la situación no se soluciona”, ha dicho Malato. “Estamos afectados por un cúmulo de normas que hace imposible realizar los proyectos de investigación europeos. Hemos conseguido dinero de la UE que habrá que devolver, además tenemos a entre ocho y 15 personas en el paro por no poder formalizar sus contratos. Esta normativa no se adapta a lo que debe ser un centro de investigación, así que o volvemos a la situación anterior a 2016 o nos dan el mismo trato que a las universidades o el CSIC, que están exentas de cumplir estas normas”, ha explicado el investigador.

Zarza y Malato señalan que su principal escollo no es el Ministerio de Economía, de quien dependen las competencias de I+D+i, sino de Hacienda, que es quien debe permitir la modificación de la normativa. “El ministerio de Hacienda no tiene respeto intelectual por nuestras peticiones”, asegura Malato. Mientras, “la secretaria de Estado de I+D+i [Carmen Vela] tiene una situación muy débil dentro del Gobierno y no consigue que las cosas cambien”, añade Zarza.

El sector empresarial apoya la causa de estos científicos. De la PSA ha salido buena parte de las innovaciones que han conseguido que la energía termosolar sea competitiva y de ella depende que estas tecnologías sigan aumentando su eficiencia y contribuyan al progresivo abandono de los combustibles fósiles. Este es un sector en el que España tiene un gran peso internacional, ha explicado Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, la patronal española del sector, y presidente de Estela, la patronal europea. “Las empresas españolas están presentes en al menos el 90% de los nuevas plantas que se están construyendo en todo el mundo a excepción de China, que sigue siendo un mercado algo más hermético”, ha explicado. Se trata de proyectos por valor de cientos de millones de euros en Dubai, Marruecos, Chile y otros países. “Estamos muy preocupados por que se le corten las alas al mayor laboratorio de investigación de esta tecnología que hay en todo el mundo. La solución del problema parece fácil. Si la Plataforma de Almería no funciona, esto puede perjudicar a la proyección de las empresas españolas en el resto del mundo”, ha advertido Crespo.