Odio político a chavales

Fomentar el odio, la violencia o la humillación contra alguien por su identidad, ideología o conexiones familiares es una conducta susceptible de ser sancionada por el Código Penal (artículo 510) desde 1995.

Si resulta que este delito se comete contra adolescentes de entre 12 y 17 años, el delito es doble, porque atenta simultáneamente contra los derechos de los menores, especialmente vulnerables.

Y si lo perpetra un grupo de profesores —además, concertados entre sí— contra un grupo de sus alumnos, el caso adquiere tonalidades especialmente repulsivas, al incluir aristas de “proselitismo o adoctrinamiento”.

Esto es lo que presuntamente sucedió el 2 de octubre (el día siguiente al del referéndum secesionista ilegal en Cataluña) en un instituto de Sant Andreu de la Barca, junto a Barcelona, según concluye una detallada investigación fiscal.

Se trata en este caso de un (supuesto) delito de odio cometido por nueve profesores contra sus propios alumnos por el simple hecho de ser hijos de guardias civiles.

Los docentes acosaron a los chavales, según el testimonio de estos ante el ministerio público, acusando a sus padres de “animales y bestias que solo saben dar palos”; les intentaron avergonzar increpándoles sobre si estaban satisfechos de la actuación de sus progenitores la jornada anterior y les conminaron a bajar al patio y dar gritos en defensa de la república.

La fiscalía especializada que inició las actuaciones no exhibe una trayectoria de excesos en la persecución de los delitos de odio y desde el inicio se concentró en la defensa de víctimas vulnerables desde una independencia de criterio compatible con la estructura del ministerio público. Entre sus iniciativas más notorias destacan la persecución a un falso librero de conducta nazi o su actuación contra la discriminación hacia inmigrantes del antiguo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Como es lógico, corresponderá a la judicatura sentenciar sobre el asunto (lo hizo en contra del librero y a favor de Albiol), pero en todo caso este caso apunta a convertirse en muy relevante por la seriedad del acusador, la profusión de testigos y la cantidad de detalles acumulados.

La directora de servicios territoriales de la Generalitat, Núria Vallduriola —eficaz organizadora del dispositivo de sedes escolares para el referéndum ilegal—, que en su día apoyó a los presuntos delincuentes, debería al menos abrirles expediente informativo. O dimitir por su presunto partidismo. O ser cesada en virtud del 155 por primar los intereses corporativos sobre los de la infancia: una vergüenza en una alta responsable del departamento de enseñanza.

La nefasta conducta que se investiga será atribuible a sus autores, no a la colectividad. Pero qué duda cabe de que el clima de tensión generado por los dirigentes del procés ha creado un caldo de cultivo para el enfrentamiento, el odio y el delito. Amparados, eso sí, en el comportamiento generalmente correcto y habitualmente pacífico de la población y particularmente de sus seguidores. Pero las excepciones a la regla, con coacciones en las escuelas, escraches en las calles y agresiones a las sedes de los partidos rivales han sido sistémicas. Quien las oculta o niega las comparte.