Torpe Gobierno

La actitud del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a la estrategia judicial contra el procés es indignante. Ha sido el Ejecutivo el que ha cargado sistemáticamente el peso de la gestión del desafío independentista catalán a la justicia y es, por tanto, el principal responsable de la judicialización de este gravísimo problema que, tal vez, la política podría haber desactivado de actuar a tiempo. Ahora, sin embargo, cuando la inexorable maquinaria de la justicia está en marcha, ese mismo Gobierno sigue pasivo ante el problema mientras hace declaraciones que confunden y entorpecen el trabajo de los magistrados.

Hoy es la justicia española la que está sufriendo el mayor desgaste en el exterior. El levantamiento secesionista ha logrado redoblar el interés por el procés en Bélgica, Suiza, Reino Unido y, sobre todo, Alemania. La tensión es máxima entre los sistemas judiciales germanos y españoles. Allí el tribunal regional de Schleswig-Holstein niega la entrega de Carles Puigdemont por rebelión y ha pedido más documentación sobre la acusación de malversación. Y es en este contexto en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste públicamente en que no hubo tal, sembrando la duda sobre el Tribunal Supremo español. Imperdonable.

El Gobierno se ha visto obligado a matizar unas declaraciones que nunca debieron producirse. Un juez de Barcelona lleva año y medio investigando las llamadas “estructuras de Estado” y los indicios hallados de malversación han sido utilizados en la causa que instruye el magistrado del Supremo Pablo Llarena. La Guardia Civil sigue rastreando para él facturas y asientos contables sospechosos y eleva a 1,9 millones el dinero desviado hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre, para el cual hubo uso de recursos públicos. ¿A qué viene entonces la insistencia de Montoro en interferir en la causa? Hacienda está personada a través del abogado del Estado como acusación particular. Así que a la imprudencia del ministro hay que añadir sus propias contradicciones —denunció a la Generalitat en octubre pasado por malversación— y una evidente falta de coordinación gubernamental.

La única explicación plausible al desatino sería la autodefensa. Desde noviembre de 2015, Montoro ha controlado las finanzas de la Generalitat, a través, fundamentalmente, del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En los últimos meses, además, todos los pagos contaban con el visto bueno de Hacienda. Así que es urgente que el ministro, al que el Gobierno reiteró el viernes pasado su apoyo, se explique ante Llarena y que el Ejecutivo deje trabajar a la justicia, como él mismo tanto cacarea y como, por otra parte, es preceptivo en un Estado de derecho.

La política del Ejecutivo sigue ausente en la resolución del desafío catalán y su actitud solo promete empeorar la situación. Ha hablado cuando debía callar y se ha mantenido en silencio cuando la mesa del Parlament ha decidido otorgar todos sus derechos a Puigdemont aunque siga fugado. Tuvo la oportunidad (como el resto de los partidos constitucionalistas) de revocar la resolución y no lo hizo. En esta gravísima crisis suma demasiados despropósitos.