Un parteaguas en Nicaragua

Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) impuestas por el presidente Daniel Ortega, aumentando sustancialmente las contribuciones patronales y laborales, e imponiendo un ilegal impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una disminución a las pensiones futuras, han generado una ola inesperada de protesta social en Nicaragua.

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Durante una década, Ortega ha impuesto una dictadura institucional, un régimen Estado-Partido-Familia que concentra todos los poderes del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, y promete orden social, combinando estabilidad económica con represión selectiva y cooptación social. El control absoluto del poder, que solo comparte con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, le ha permitido sofocar reclamos políticos por fraudes electorales y las protestas campesinas ante el fracasado megaproyecto del canal interoceánico.

Uno de los pilares del régimen es la alianza con los grandes empresarios a los que otorga oportunidades de inversión, en un esquema de cogobierno económico, sin transparencia ni democracia. El otro ha sido el uso discrecional de la millonaria cooperación venezolana de más de 4.000 millones de dólares otorgada por el chavismo, que empezó a mermar hace dos años.

Al terminarse los años de “vacas gordas”, llegó la anunciada crisis fiscal. El miércoles pasado Ortega aprobó un paquete de medidas para extraer más de 250 millones de dólares —1,5% del PIB—, para evitar la quiebra de la Seguridad Social, que ha sido agravada por la corrupción de su Gobierno, sin calcular las consecuencias.

Las cámaras empresariales rechazaron las medidas advirtiendo que, al imponer el paquete económico de forma unilateral, el Gobierno rompió el mecanismo de “diálogo y consenso”, con políticas contractivas que generarán desempleo, pérdida de competitividad, e inestabilidad económica. El reclamo plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de esta relación, que ha sido crucial para otorgarle legitimidad a un régimen autoritario, que eliminó todo contrapeso de la oposición política.

La envergadura de la reacción popular llegó sin aviso, cuando un grupo de jóvenes universitarios y decenas de mayores se autoconvocaron en una protesta pacífica contra el golpe a la economía popular. La brutalidad de la represión desatada por las fuerzas de choque del Gobierno, protegidas por la Policía, generó un estado de indignación, alimentado por las imágenes de jóvenes y adultos heridos, y periodistas vapuleados y asaltados. A pesar de que controla la mayoría de los canales de televisión, el régimen impuso la censura y suspendió la señal en el servicio de cable de varios medios independientes. Un día después, estallaron nuevas protestas en las universidades públicas de la capital que eran bastiones políticos del régimen, y en las principales ciudades del país. La protesta sin líderes visibles ni organizaciones que la convoquen, ha dejado tres muertos, entre ellos un policía, y una veintena de heridos. Su reclamo inicial por la Seguridad Social se ha desbordado contra los agravios políticos acumulados por el régimen: el autoritarismo, la represión, y la corrupción que simboliza la pareja presidencial.

Es demasiado pronto para predecir las consecuencias de esta profunda grieta social, mientras las elecciones de 2021 no ofrezcan garantías mínimas de libertad y transparencia. Lo único seguro, ahora que Ortega perdió el monopolio de las calles, es que habrá un antes y después del “paquetazo” del INSS en la relación entre la dictadura orteguista y la sociedad nicaragüense.

Carlos F. Chamorro es periodista nicaragüense, director de confidencial.com.ni