Empiezan los juicios contra los crímenes de la dictadura
La Instancia de la Verdad y la Dignidad acusa a 47 personas por el asesinato de dos islamistas
Mientras la clase política tunecina se encuentra dividida sobre cómo culminar el proceso de justicia transicional, la institución independiente que investiga los crímenes de la dictadura ha acelerado el envío de sus primeros documentos inculpatorios a la justicia. En las últimas semanas, la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD) ha acusado formalmente a 47 personas por su participación en la tortura y el asesinato de dos militantes islamistas a principios de los años noventa: Kamal Matmaty y Rachid Chammaji.
Aunque no desveló el nombre de ninguno de los acusados, al estar vigente el secreto de sumario, la presidenta de la IVD, Sihem Bensedrine, informó de que entre ellos figuran personas que ocuparon las más altas instancias del Estado. “Hemos podido remontarnos hasta quienes dieron las órdenes a los verdugos... secretarios de Estado, ministros, incluso, el presidente de la República”, declaró en una rueda de prensa esta histórica opositora al régimen, que asegura disponer de “pruebas tangibles” contra los acusados, incluidos manuscritos y documentos firmados que atestiguan que estaban al corriente de los crímenes e intentaron ocultarlos. El primer juicio será el próximo 29 de mayo, se trata del caso de Kamal Matmaty, un activista que murió durante una sesión de torturas en 1991 y cuya familia todavía no sabe dónde está su cadáver.
Los dos procesos tendrán lugar en las llamadas “cámaras especializadas”, tribunales presididos por jueces formados en los principios de la justicia transicional gracias a la colaboración internacional. Después de la revolución de 2011 tuvieron lugar diversos juicios a altos cargos del régimen de Ben Ali. Aparte del dictador, que fue juzgado en rebeldía tras huir hacia Arabia Saudí y condenado a cadena perpetua, el resto recibieron penas muy reducidas, y muchas de las denuncias fueron archivadas por falta de pruebas ante la escasa cooperación de unas instituciones estatales que no habían sido purgadas tras la revuelta. La esperanza de las familias de las víctimas es que esta vez la historia no se repita.
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