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Lo legal y lo correcto

Mala señal es que nuestros representantes insistan en que lo que hacen es legal en lugar de argumentar que es lo correcto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, este martes durante una rueda de prensa.

No todo comportamiento legal merece la simpatía, la confianza o la adhesión hacia el autor de dicho comportamiento. Si yo me cruzo en el portal de mi casa, o en el ascensor, con un vecino y lo saludo y no me responde, no está cometiendo un acto ilegal, y no merece sanción penal de ninguna clase. Pero está siendo incorrecto, y su conducta genera desconfianza y disgusto. Los políticos investigados por presuntas conductas impropias tienen tendencia a alegar que lo que hacen es legal. Es lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, o Pablo Casado, a propósito del modo en que obtuvieron títulos académicos en la Universidad Rey Juan Carlos. O lo que respondió el exdiputado Vicente Martínez Pujalte cuando fue interrogado acerca de ciertas prácticas económicas: es legal. Pues bien eso no basta. La legalidad o no de una conducta debe ser determinada por los tribunales de justicia.

A un político se le supone legalidad estricta en todo lo que hace, faltaría más. Pero, al contrario que un particular, un político, en una sociedad democrática, debe suscitar la confianza de los ciudadanos. De muchos y todo el tiempo. Y eso es justamente lo que no consiguen cuando se empeñan en plantearlo únicamente en términos de legalidad.

Sobre el caso de Cristina Cifuentes, serán los jueces quienes dictaminen si se ha cometido una o varias ilegalidades. Pero, aun poniéndonos en el caso más favorable de que sea exonerada por los tribunales de justicia y no se encuentre ningún acto sancionable, cosa que está todavía por ver, el conjunto de circunstancias que han rodeado la obtención de su famoso máster, o las convalidaciones y tratos de favor de su compañero de partido Pablo Casado, configuran un caso claro de conducta incorrecta, que se prevale de una posición privilegiada para obtener de forma más sencilla que el común de los ciudadanos lo que a estos les cuesta un mayor esfuerzo. Independientemente de su legalidad, son a todas luces conductas impropias que deberían invalidarles para tareas de representación política. Todos conocemos personas mal educadas, egoístas o aprovechadas, que se mueven dentro de un marco legal, pero utilizan sus márgenes o sus intersticios en su propio beneficio, importándoles muy poco nociones como la equidad o la igualdad de oportunidades. No iremos a denunciarlos a los tribunales pero, desde luego, tampoco serán personas en las que confiemos. Si en un particular, estas personas suelen suscitar rechazo, en un político, cuya conducta debe ser más escrupulosa en razón de su posición, el rechazo es todavía mayor. Mala señal es que nuestros representantes insistan en que lo que hacen es legal en lugar de argumentar que es lo correcto.

Cayetano López fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

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