Reconducción

El balance de daños del denominado procés no puede ser más desalentador. Seguramente, no hay precedentes en la historia de nuestra democracia de un proceso político que haya terminado a tanta distancia de los objetivos que decía pretender y cuyo balance de daños haya sido tan catastrófico para todos, incluyendo a sus principales impulsores.

No está claro si los partidos que iniciaron este camino hacia una supuesta independencia buscaban que Cataluña saliera de España o más bien buscaban que fuera España la que saliera de Cataluña, pero es indiscutible que, una de las primeras consecuencias, ha sido la implosión del propio sistema de partidos. Formaciones que durante décadas vertebraron el funcionamiento político de Cataluña han sido devoradas por este viaje a ninguna parte.

Por otro lado, es innegable el deterioro convivencial en el interior de la sociedad catalana. Una sociedad que siempre fue un espejo de convivencia entre diferentes sentimientos identitarios y que ha terminado partida en dos, convertida en un espejo roto.

Es, así mismo, difícilmente cuestionable que el sistema institucional ha sido permanentemente despreciado y gravemente dañado. Leyes como por ejemplo la de transitoriedad, aprobada por mayoría ajustada, muy lejos de la que se requiere en cualquier democracia para modificar los marcos de convivencia —en nuestro caso, los Estatutos de Autonomía— se han utilizado como un intento de instauración de voluntades de parte al conjunto de la sociedad. Ha sido enorme el deterioro de la históricamente ejemplar institucionalidad catalana. Un daño con resonancias europeas donde su imagen ha quedado seriamente tocada.

Además, el procés ha significado el fin de muchos liderazgos políticos, algunos inmersos en procesos penales por supuestamente haber cometido graves delitos y otros huidos de la justicia.

No se puede pretender la constante judicialización de problemas de naturaleza política

Finalmente, el desgobierno; meses y meses sin nadie atento a los asuntos en los que se decide la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas; empleo, economía, educación, sanidad, políticas sociales...

Ese es el balance de daños. Llegados a este punto, con muchos puentes rotos, es necesaria la reconducción de esta situación antes de que el daño sea irreparable. En consecuencia, convendría que los principales actores políticos aceptaran que es una prioridad para el conjunto de España la vuelta de la sociedad catalana a un escenario de convivencia entre diferentes y de encaje territorial.

Pero para todo ello, es necesaria en primer lugar la aceptación de la legalidad por parte de los partidos independentistas y el respeto al marco estatutario y constitucional aprobado por la sociedad catalana. El que está actualmente en vigor. Sin este primer paso, nada es posible.

En segundo lugar, es urgente la recuperación de un funcionamiento normalizado de las instituciones del autogobierno catalán sobre una dinámica Gobierno-oposición, con un Gobierno que gobierne y con un Parlamento que lo controle y que legisle.

En tercer lugar, deben generarse las condiciones que hagan posible el giro por parte de las direcciones de los principales partidos independentistas hacia posiciones de defensa de su proyecto dentro de la legalidad, del respeto a los procedimientos institucionales y a quienes interpretan Cataluña de manera distinta a ellos. Esa generación de condiciones es una cuestión política. No es judicial. De la misma manera que no es aceptable la constante politización de las decisiones judiciales —todas ellas respetables, incluidas las que menos puedan gustar a algunos— no se puede pretender la constante judicialización de problemas de naturaleza política. Problemas que demandan de voluntades, de creación de climas, de generación de sinergias y de propuestas políticas. Es por cierto posible que, alguno de esos pasos para la generación de condiciones en Cataluña, pase por Euskadi, que esté esperando en Euskadi. En ese sentido, sería muy oportuno que el Gobierno de España supiera verlo y que decidiera tenerlo en cuenta.

Se hace necesaria una reforma constitucional que defina un marco para las próximas décadas

Finalmente, es necesario el convencimiento y la voluntad por parte de todas las fuerzas políticas para afrontar de forma decidida las reformas que garanticen la convivencia en los próximos 30 años. Reformas que tienen que ver con la mejora de la financiación autonómica del marco general de nuestro modelo autonómico, con blindajes competenciales en materias lingüísticas y culturales de las comunidades bilingües que así lo soliciten y con las reformas de las instituciones de representación de las partes que componen el Estado. Para que puedan canalizar su voz, plantear la reivindicación de sus demandas e intereses, colegislar conjuntamente en aquellos asuntos que son de su competencia e incorporarse de manera ordenada e institucionalizada a la deliberación política y legislativa en España. Y es ahí donde se hace necesaria una reforma constitucional que defina un nuevo marco de cara a las próximas décadas.

Desde la perspectiva de esto último; sería enormemente oportuno que no vuelva a vincularse una propuesta de la importancia de una reforma constitucional a la aplicación extraordinaria del artículo 155. Porque es tanto como declarar que nace muerta. La frustración colectiva que supone estar asistiendo a la imposibilidad práctica de dicha reforma es dañar gravemente la enorme expectativa depositada en la mejor salida de emergencia —casi la única— que tenemos ante este incendio. La vía de reforma debe partir de un escenario de inclusión, con consensos previos al inicio oficial de los trabajos, con empuje social suficiente, con objetivos claros y con ausencia de vetos en la ordenación de los procesos de escucha y los debates. Es uno de los desafíos más serios, complejos y trascendentes que, seguramente, tiene por delante nuestro país. Convendría que, en el futuro, fuera tomada en serio por parte de algunos de los actores políticos del panorama español.

Con todo, un futuro compartido solo es posible si nace de un pacto entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles. Un pacto que sea refrendado y respetado por todos.

Lo cierto es que, si Euskadi supo cerrar una etapa de ruptura interna para dar paso a un ciclo de vertebración transversal de la sociedad vasca, fue por la voluntad política expresada e implementada por actores de intereses e ideologías diferentes. Y si aquella Euskadi de sangre supo hacerlo, nada indica que en Cataluña tenga que ser más difícil.

Actúen, por favor. Y háganlo decididamente, háganlo antes de que varias generaciones recorran el resto de sus vidas sin ver cerrada la enorme herida que esta grave crisis ha abierto entre nosotros.

Eduardo Madina es director de KREAB Research Unit, unidad de análisis y estudios de KREAB en su división en España.