Apoyo a la universidad

Si había alguna duda acerca de la estrategia del Partido Popular respecto al escándalo de los másteres de Cristina Fuentes y Pablo Casado, el portavoz parlamentario Rafael Hernando la disipó ayer. “Serán los profesores y catedráticos los que tendrán que explicar si un título se obtiene yendo a clase o no. Los alumnos no tienen la culpa”. Es una táctica bien afinada del partido de Rajoy: proclamar la inocencia de los propios, poner el ventilador y desviar el tiro. Primero, hacia el profesor que presuntamente denunció los hechos. Después, hacia la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y, por extensión, a la Universidad pública española. Al partido del Gobierno no parece preocuparle en demasía erosionar el prestigio de sus instituciones educativas para salvar a los suyos.

La estrategia del PP no solo es indecente; también, equivocada. Porque si la URJC ha venido otorgando títulos fantasma o amañados, son justamente los cuadros de su partido los que tuvieron la obligación de supervisar unos métodos que a buen seguro conocían. El consejero de Educación de Madrid, el popular Rafael van Grieken, fue durante diez años vicerrector de la URJC y, después, director de ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Ministerio de Educación. Tanto Van Grieken como el ministro Íñigo Méndez de Vigo estarían por tanto obligados a explicar por qué nunca investigaron las irregularidades que el caso Cifuentes está destapando sobre el Instituto de Derecho Público, en el que, según todos los indicios, el catedrático Enrique Álvarez Conde repartía títulos con cierta alegría eximiendo a algunos de sus alumnos más relevantes de acudir a clase y presentarse a los exámenes.

El crédito de la URJC está en cuestión, lo que puede devaluar los títulos que miles de alumnos —los de verdad— han logrado con su esfuerzo. Pero frente a la actitud retadora e irredenta del PP, la entidad se está sometiendo al escrutinio, lo que es un paso para atajar la injerencia política en los campus y, en consecuencia, para mejorar la calidad de la enseñanza superior española, que con mucho esfuerzo ha logrado situar a 21 de sus facultades entre las 50 mejores del mundo.

Mientras tanto, la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se niega a dimitir y Pablo Casado ofrece explicaciones que abundan en la escasa seriedad del título obtenido. Pero la suerte de Cifuentes está echada. Despreció la salida airosa de irse por incumplir el pacto de investidura suscrito con Ciudadanos y su resistencia numantina solo servirá para prolongar su agonía política. Todavía está a tiempo el PP de minimizar daños y proponer un candidato alternativo para presidir Madrid. De no hacerlo, Albert Rivera podría sumarse a la moción de censura presentada por PSOE y Podemos. Solo esta amenaza torció el brazo al PP en Murcia.

El PP añade al escándalo de los másteres el perjuicio autoinfligido. Tal vez pretenda al final culpar a Ciudadanos de la inestabilidad sobrevenida en el Gobierno de Madrid y de pactar con Podemos. Fuegos de artificio de un partido que luce credenciales poco edificantes contra la corrupción y que no duda en sacrificar las instituciones para aferrarse al poder.