La claridad es urgente

Los escándalos de corrupción han cercenado la credibilidad de importantes instituciones en España sin que el PP y otros partidos en el poder hicieran esfuerzo alguno para poner fin a esta etapa de deterioro. Ahora le ha tocado el turno a la universidad, en concreto a la Rey Juan Carlos, institución pública creada en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón que en estos momentos se encuentra en el centro de una crisis mayúscula de pésima gestión, influencias cruzadas entre el Partido Popular y las aulas y una tormenta que desborda con mucho el devenir de la actual presidenta, Cristina Cifuentes, dueña de un título de máster de notas fraudulentas y amañadas.

La situación se agrava ahora, además, con la información difundida por EL PAÍS de que Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y posible relevo de Cifuentes como candidato a la Comunidad de Madrid, está en posesión de un máster similar en condiciones no suficientemente aclaradas. Que Cifuentes, una de las figuras que prometía regeneración en el partido de Rajoy, y Casado, uno de los jóvenes más destacados y con proyección en 2019, estén bajo la duda de haber engañado en su expediente académico obliga a preguntarse de nuevo sobre la capacidad de este partido de afrontar limpiamente el futuro.

El tiempo de los políticos ha llegado. El PP deberá responder a la exigencia de dimisión de Cifuentes por parte de Ciudadanos y aclarar todo lo referente a Pablo Casado. Pero también ha llegado el tiempo de dirimir con claridad, urgencia y máximo escrutinio las responsabilidades de una universidad pública que está exhibiendo una corrupción sistémica imposible de aceptar en el sistema educativo.

La universidad pública española solo debería centrarse en un debate, y es el de la excelencia y la calidad para mejorar sus competencias ante una realidad productiva en la que debe desempeñar su papel con gran protagonismo. Los gestores de la Universidad Rey Juan Carlos deben depurar responsabilidades cuanto antes y de forma taxativa, afrontando si fuera el caso las consecuencias penales que procedan. El escándalo del plagio de su anterior rector, su fama de “agencia de colocación” del PP de Madrid y las irregularidades exhibidas en el caso Cifuentes ponen en evidencia unas prácticas corruptas que, por el bien de la universidad pública española como institución, urge esclarecer.