Informaciones tóxicas

La desinformación a escala masiva ha encontrado en las redes sociales un eficaz vehículo de difusión. Distorsionar deliberadamente noticias veraces y datos contrastados para intentar influir en las decisiones políticas de los ciudadanos, como se ha visto en el referéndum del Brexit o en el conflicto catalán, es un riesgo para la democracia. Los métodos utilizados para distribuir falsedades son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar y solo una acción coordinada de los Estados puede combatir y neutralizar un fenómeno de alcance global como el de las fake news.

Pese a disponer de sobradas muestras de injerencias antieuropeas en procesos electorales recientes, Bruselas ha eludido adoptar medidas legales contra la desinformación bajo el argumento de que el papel de la Comisión Europea no es determinar lo que es verdad y lo que es mentira. No se trata, desde luego, de crear un ministerio de la verdad, como han insinuado algunos responsables comunitarios, sino de articular mecanismos que sirvan para detectar noticias tóxicas, identificar a sus creadores y eliminarlas de las plataformas digitales.

Frente a la aparente indiferencia que exhiben las autoridades europeas, Francia está impulsando una ley para castigar las noticias falsas en periodos electorales y en España los socialistas abogan por crear “protocolos efectivos” para suprimir las informaciones falsas de la Red, sin que ello implique un menoscabo a la libertad de expresión. También el PP defiende normas legales para que la fiabilidad de las informaciones sea considerado un derecho en el ámbito digital.

Erradicar los contenidos que atenten contra este valioso derecho es una obligación de los Estados, que han de poner en manos de los ciudadanos los instrumentos necesarios —técnicos, jurídicos, educativos— para que puedan valorar la calidad y validez de la información que reciben.