Trata de refugiadas

La peor encarnación de la esclavitud del siglo XXI. Así describieron los agentes de la Guardia Civil la situación en la que vivían las 39 mujeres liberadas en la operación en la que fue desmantelada una extensa red de trata de mujeres inmigrantes de origen nigeriano. La organización tenía ramificaciones en distintos lugares de España, a los que eran conducidas las mujeres para ser obligadas a prostituirse. Las peores condiciones se daban en la zona del Castillo de Romanones, un enclave de casas-cueva de Almería, donde las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a un ritmo frenético y en condiciones infrahumanas a los trabajadores de los invernaderos.

Las mujeres esclavizadas habían sido reclutadas en campos de refugiados de la isla italiana de Lampedusa, lo que demuestra la relación que hay entre las mafias que trafican con mujeres y las que operan en los circuitos por los que transitan las oleadas de inmigrantes que tratan de llegar a Europa. Muchas de las mujeres liberadas habían partido, siendo aún menores de edad, de Benin City, capital de una región nigeriana caracterizada por su extrema pobreza. En su largo periplo a través de Libia habían sufrido diferentes formas del violencia y sometimiento, hasta llegar a Lampedusa, donde mafias allí asentadas organizaron su traslado a España con identidades falsas. Las autoridades italianas han abierto una investigación. A la espera de sus conclusiones, resulta intolerable que los campos de refugiados, supuestamente bajo la protección del país de acogida, puedan constituir una base de operaciones para las organizaciones criminales que esclavizan a seres humanos. En este caso, la mafia operaba bajo el amparo de una entidad nigeriana denominada, para mayor esperpento, La Confraternidad.

El porcentaje de mujeres que ejercen la prostitución en España de forma forzada se estima muy elevado. Un reciente informe elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona, a partir de la información recogida en 18.000 contactos realizados en 2016 con mujeres que ejercían la prostitución en la capital catalana (algunas fueron entrevistadas varias veces), ha revelado que el 90,38% de ellas son inmigrantes, y casi la mitad han sido víctimas de trata. El informe corrobora que las nigerianas constituyen el grupo más numeroso, concretamente el 48,46%, seguido de las mujeres latinoamericanas, que suman el 21,54%. Los hombres que recurren a la prostitución han de tener en cuenta que muy probablemente las mujeres que contratan no son libres y que, por tanto, al pagar por sus servicios se convierten en colaboradores necesarios de las mafias que las explotan y esclavizan.

La legislación española permite dar acogida y proteger con una nueva identidad a las mujeres que logran escapar y denunciar a esas mafias. De acuerdo con la Ley de Extranjería, las víctimas de trata tienen derecho a recibir protección y solicitar el asilo. Datos de las organizaciones humanitarias señalan que en 2016 apenas 19 mujeres recibieron la condición de refugiadas por ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es necesario redoblar la presión policial sobre esas redes y activar mecanismos más eficaces para hacer llegar esta información a las mujeres sometidas.