Un ‘155’ para la Rey Juan Carlos

Los españoles no dejamos de asombrarnos cada día. Está claro que si se demuestran irregularidades en el tema del máster de Cristina Cifuentes, esta debe dimitir —verbo que escasamente conjugan los políticos en España—. Si es así, está claro también que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos y los catedráticos o funcionarios que han avalado todo esto, no solo deben dimitir sino ser juzgados por haber cometido un delito.

El rector será ingeniero de Telecomunicaciones, pero se ve que la simple comunicación no se le da precisamente bien. Dice textualmente: “No existe regularidad alguna en el título de máster de doña Cristina Cifuentes”. ¿Se deberá este pequeño desliz a un acto fallido?— Concha Álvarez Duro. Alhaurín de la Torre (Málaga).

Si la Ley de Protección de Datos es la excusa que pone la Universidad Rey Juan Carlos para ocultar documentos académicos, entonces es que sus responsables no conocen la disposición adicional 21.3 de la LOMLOU. Y si las normas internas de esta Universidad permiten que después de dos años se pueda cambiar una nota con tanta alegría como dice la propia institución que se ha hecho, entonces es que la universidad está haciendo mal uso de la autonomía que le otorga la Constitución.

Estos notorios incumplimientos de sus obligaciones, junto con otros escándalos de corrupción académica que hemos conocido en autoridades de esa misma Universidad, me llevan a preguntarme si no hay un equivalente al artículo 155 de la Constitución que permita intervenir la gestión de la Universidad Rey Juan Carlos.— José Manuel Bayod Bayod. Santander.