La ciudadanía construye su presente y su futuro
La sociedad debe movilizarse para reclamar que nuestro Gobierno contribuya a garantizar el derecho a la educación en todo el mundo, especialmente en los contextos de conflicto y emergencia
No resulta fácil abordar un tema tan grandilocuente como la PAZ, así con mayúsculas, sin caer en tópicos bien intencionados y lugares comunes. Es como el deseo que pedimos en la carta a los Reyes Magos: acabar con el hambre y la paz en el mundo. Un concepto tan manido que parece haberse desgastado hasta vaciarse de contenido. Para empezar, la Real Academia Española define paz como la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos.
Sin ánimo de enmendarle la plana a la RAE, diría que el conflicto es parte inevitable de la vida, y que el quid de la cuestión está entonces en cómo resolvemos esos conflictos, tanto en lo personal como en el ámbito comunitario.
Lamentablemente, vivimos en una sociedad que premia la agresividad y la imposición como mecanismos de éxito. Si alguien lo duda, no tiene más que asomarse a las páginas de los periódicos o las redes sociales: la tensión y descalificación constantes en los debates políticos y tertulias, la competitividad extrema y desproporcionada en el ámbito deportivo o el triunfo de líderes políticos caracterizados por su intolerancia y carácter escasamente dialogante, por ser suaves.
Esta cultura de vencedores y vencidos no es ni mucho menos inocua. Sufrimos sus consecuencias tanto en los pequeños conflictos de nuestra vida diaria como a una escala mucho mayor y más trágica: hace solo cinco días se cumplía el séptimo aniversario del inicio de la guerra en Siria, que se ha cobrado medio millón de muertos, centenares de miles de heridos y más de diez millones de personas refugiadas y desplazadas.
El caso sirio es un triste ejemplo de conflicto ante el cual se ha recurrido a la violencia, con un coste humano estremecedor. En este tipo de contextos, la población afectada —principalmente los niños y niñas, que de hecho constituyen el 51% de la población refugiada del mundo— se ve privada de muchos de sus derechos básicos, entre ellos el derecho a la educación.
De los 264 millones de niños y niñas sin escolarizar que hay en el mundo, 75 millones se encuentran en 35 países afectados por distintos tipos de crisis, mientras que solo la mitad de la infancia refugiada o en situación de desplazamiento interno va a la escuela primaria, y solo un 25% asiste al primer ciclo de educación secundaria.
Esto es especialmente grave en primer lugar porque la educación constituye el principal mecanismo para proteger a la infancia frente a los distintos tipos de violencia a la que se puede ver sometida, además de una manera de normalizar la vida de los menores afectados, dotándoles de un espacio no solo de aprendizaje, sino también de juego y ocio en el que desarrollar una vida social adecuada con otros niños y niñas de su edad. Y, en segundo lugar, porque la falta de acceso a una educación inclusiva y de calidad roba a esos niños, niñas y jóvenes —y a todos nosotros— la posibilidad de construir una vida mejor, un futuro mejor, una sociedad mejor basada en los valores de la tolerancia, el respeto y la no violencia.
Desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) creemos que nuestra sociedad no debe cerrar los ojos ante estas realidades, y que todos nosotros podemos —y debemos— dejar nuestra huella para dar la vuelta a esta situación. En primer lugar, movilizándonos para reclamar que nuestro Gobierno contribuya a garantizar el derecho a la educación en todo el mundo, y especialmente en los contextos de conflicto y emergencia.
De los 264 millones de niños y niñas sin escolarizar que hay en el mundo, 75 millones se encuentran en 35 países afectados por distintos tipos de crisis
Esto pasa inevitablemente por recuperar el compromiso político y presupuestario con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), considerablemente mermado desde hace casi una década, y especialmente con la destinada al sector educativo, que se ha reducido en un 90% en solo siete años. Asimismo, y en línea con algunas prácticas recientes de la comunidad internacional en general y la Unión Europea en particular, debe considerarse la educación en situaciones de emergencia como un pilar fundamental de la ayuda humanitaria. En segundo lugar, debemos volver la mirada hacia nuestras propias comunidades y los valores en los que queremos crecer como sociedad. En estos tiempos más que convulsos, la CME apuesta por exigir a los grupos parlamentarios— en plena negociación del Pacto de Estado por la Educación por cierto —que adopten las medidas necesarias para garantizar que nuestro sistema educativo promueve una cultura no-violencia, transmitiendo valores como la tolerancia, la empatía y el reconocimiento de la diversidad, en cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por último, nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas es esencial. Nosotros y nosotras somos quienes construimos la sociedad. Preguntémonos pues qué tipo de sociedad queremos, cómo vamos a resolver nuestros (inevitables) conflictos, y cómo queremos que se enfrenten a ellos nuestros hijos. Las organizaciones, colectivos y comunidades educativas que formamos parte de la CME apostamos por un futuro basado en los derechos humanos y forjado a través de la resolución pacífica de los conflictos.
Bajo el lema “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!”, la Campaña Mundial por la Educación se unirá a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebrará del próximo 23 al 29 de abril en más de 120 países de todo el mundo. Más de 30 ciudades españolas celebrarán decenas de actos públicos y de encuentro con representantes políticos, para reivindicar la necesidad de apostar por una cultura de paz.
Cristina Álvarez es coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación en España.
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