Sucesiones, un impuesto en vías de extinción

Una obsesión malsana contamina la política española: la fobia a los impuestos. La alergia a la tributación afecta en particular a PP y a Ciudadanos, pero también se manifiesta en el PSOE; y cobra especial virulencia en cualquier Gobierno autónomo. El ejemplo perfecto de esta fobia es la carrera desbocada entre comunidades autónomas para eliminar el impuesto de sucesiones. No hay razones técnicas para tal saña. El pobre catecismo antisucesiones se resume en una letanía: el capital que recibe el heredero ya ha sido sometido a tributación en vida del donante. Pero se olvida que el impuesto tiene una función social (corregir la desigualdad que ratifica socialmente una herencia); que el acto impositivo del heredero es distinto del acto tributario pagado por quien generó el capital transmitido y que cualquier capital o renta está sometido a más de una imposición en la práctica, puesto que cuando se gastan los ingresos sujetos a Renta soportan impuestos indirectos.

La fobia antisucesiones se explica mejor por la debilidad congénita de los Gobiernos autónomos ante la presión de las grandes fortunas. El 80% de los herederos no pagan sucesiones. En cuanto el capital se divide entre varias personas, entra en juego el sistema de reducciones y bonificaciones fiscales y el pago disminuye o desaparece. La idea de herederos que no pueden pagar el tributo es, en general, falsa. Las herencias suelen rechazarse porque implican el pago de hipotecas u otras deudas; aproximadamente el 13% de los herederos no puede pagar. Un análisis de detalle del impuesto del patrimonio demuestra que en España hay 6.480 personas con grandes fortunas, cuyos descendientes en un futuro, más o menos próximo, estarían llamados a heredar unos 107.785 millones (sin incluir el patrimonio exento), el 29,2% del patrimonio neto no exento declarado. Estas personas serían las beneficiadas principales de una rebaja o supresión del ISD; el 0,01% de la población española de 2014. Que nadie arguya que la supresión del impuesto favorece a una gran mayoría de herederos.

Los mismos Gobiernos autónomos que prescinden de sucesiones son los que después lloriquean en el Ministerio de Hacienda pidiendo compensaciones por la recaudación perdida (unos 2.500 millones en España) y se lamentan de que las autonomías tienen más competencias que recursos. La Comisión de Expertos para la financiación autonómica advirtió que no debía suprimirse ni depreciarse el impuesto; que era necesario pactar un mínimo de tributación homogéneo en todas las comunidades e imponer después gravámenes entre el 4% y el 5% o el 10% y el 11% en función del grado de parentesco. Pero es más cómodo disolver sin ton ni son el sistema fiscal.

Contrapunto: cuando Trump tramitaba su delirante rebaja fiscal, 400 millonarios estadounidenses del club Responsible Wealth pidieron al Congreso que rechazara cualquier legislación “que exacerbe todavía más la desigualdad”. Entre otras cosas, George Soros y sus colegas denunciaban que la reforma permitiría a los más ricos “transferir legados masivos a sus herederos sin pagar impuestos”. ¡Qué diferencia! ¿Cabe ya alguna duda de que el impuesto de sucesiones cumple objetivamente una función social, que es la de frenar la tendencia intergeneracional a la concentración de riqueza?