El cortijo de TV3

Las principales ramas del secesionismo catalán, el grupo Puigdemont/Junts per Catalunya y Esquerra (ERC), están concluyendo los detalles de un acuerdo para una investidura presidencial fraudulenta. Junto con un reparto de cargos en la radiotelevisión pública, primando el gran bolsillo —las finanzas— que esta maneja y que les retrata con crudeza.

Ampliamente superados los dos meses desde la celebración de las elecciones del 21-D, los negociadores no han logrado explicar que hayan alcanzado ningún acuerdo programático que interese a la ciudadanía. O sea, no hay nada sobre adónde pretenden conducir Cataluña, cómo recuperar la seguridad jurídica, cómo recomponer la malherida cohesión social, cómo promover el retorno de las empresas que deslocalizaron sus sedes en autodefensa frente al procés. Si hubieran logrado trabar un plan sobre todas esas urgencias, ya se sabría públicamente. Aunque lo más probable es que ni lo hayan intentado, por no ser esos sus propósitos.

Sí lo son el reparto de cargos, influencia y dineros públicos. Si un rayo de sensatez no lo remedia, se impondrán las tesis del fugado Puigdemont: este ostentaría un poder simbólico y en parte real pero oficioso (jurídicamente difícil de atacar porque sería de financiación privada) desde Bruselas, al mando de un fantasmal Consejo de la República.

A cambio, designaría un vulnerable sucesor en Barcelona, en favor del encarcelado Jordi Sànchez, primero; y después, de Jordi Turull (quien probablemente sea pronto inhabilitado...), y después... Esos efímeros delegados le deberían el cargo, así que le obedecerían, como al caudillo carismático de una república autoritaria, obviando a Parlament y partidos de oposición.

La situación de inestabilidad, inseguridad, caos y tensión se prolongaría al menos hasta que se dicten las sentencias contra los principales líderes del procés (quizá a finales de año). Todo, para mantener viva una tensión callejera que alimente de victimismo la campaña de las próximas elecciones municipales y provea una excusa para no gobernar ni tomar decisiones.

No era ese el diseño de Esquerra, pero esta vuelve a someterse a su odiado socio para que no se le recrimine flojedad en la defensa del expresidente falsamente “legítimo”. Pero con un precio tasado: sucederle en el control del aparato financiero de la propaganda, la presidencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la que controla contratos y favores, una de las grandes y opacas cajas de dinero público, disponible para terceros, y por tanto fuente de poder real. La propina quedaría para el PDeCAT, al mando de las filiales de la CCMA, TV-3 y Catalunya Ràdio.

El clan de Bruselas quedaría así como productor de una aparente “legitimidad”; los virreyes audiovisuales, como productores de contenidos al servicio del juego simbólico, agitación, doble lenguaje y apariencias tan característico de la dirigencia independentista.

El secesionismo desvela, por fin, su plan: repartirse el poder, el dinero y la influencia sobre los medios públicos y encubrirlo bajo un victimismo que les ahorre hacer lo que hacen los demócratas en cualquier latitud: gobernar y rendir cuentas.