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España y sus lenguas

Un artículo sobre los distintos modelos de enseñanza en comunidades con más de un idioma oficial da pie a algunas quejas

Niños en clase de catalán en un colegio público de Barcelona.
Niños en clase de catalán en un colegio público de Barcelona.

El pasado domingo, y a raíz del debate que provocó la promesa del Gobierno de garantizar que se imparta en castellano una cuarta parte de las materias en las escuelas de Cataluña, este periódico dedicó una página a recoger los modelos imperantes en otras cuatro comunidades autónomas con dos lenguas oficiales: País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

“Ya empieza mal este artículo de EL PAÍS, Cuatro modelos educativos para la España plurilingüe, me escribió ese mismo día un lector, Miguel Izu. “Cataluña cuenta, no con dos, sino con tres lenguas cooficiales (castellano, catalán y aranés). Las comunidades que tienen dos lenguas cooficiales no son cuatro sino cinco: Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco. Navarra es pequeña, pero con un pequeño esfuerzo los redactores de EL PAÍS la pueden encontrar en el mapa”. Otros lectores se han preguntado también por la ausencia de Navarra en el artículo.

Rafa de Miguel, director adjunto, que supervisó el tema, explica el criterio que se siguió para elaborarlo:

“Es evidente que la principal polémica gira en torno al catalán, y a partir de ahí quisimos hacer una incursión en otras comunidades autónomas con lenguas propias. Es cierto que en Navarra el euskera es cooficial en una zona que apenas abarca un 10% de la población, pero no hubiera estado de más hacer una mención. Y lo mismo puedo decir respecto al aranés, hablado solo en el Vall d´Aran (5.000 habitantes aproximadamente) pero que también tiene esa consideración. Dado que tenemos previsión de seguir abordando el asunto en próximos reportajes, tendremos en cuenta todo esto para ser más rigurosos”.

El euskera es cooficial con el castellano solo en una zona de Navarra

Un lector de A Coruña, Marcos Ferreiro Torres, discrepa del artículo en lo referente al modelo lingüístico gallego.

“En la información”, señala en su carta, “falta un dato fundamental: que el modelo puesto en marcha por la Xunta (…) recibió el visto bueno de los tribunales por donde ha pasado con ocasión de los recursos planteados por la Real Academia Galega: Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su sentencia de noviembre de 2012 y Tribunal Supremo, en marzo de 2015. Bien es verdad que con la improcedencia de dos apartados de dos artículos, puramente instrumentales, que no afectaban a lo sustancial de la nueva regulación y que la Xunta retiró sin ningún problema”.

La autora de la información, la redactora Sonia Vizoso, afirma también en el texto: “El sistema eliminado por el PP y que daba preferencia al gallego había sido implantado por el gobierno de coalición de PSOE y BNG dando cumplimiento al Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en tiempos de Manuel Fraga”. El lector cree que esto no es correcto. “Mejor habría sido decir que superando con mucho dicho plan. Porque al no marcar techos o porcentajes por arriba para la enseñanza del gallego, hubo no pocos claustros que fueron a por todo y pusieron en práctica una auténtica inmersión".

Sonia Vizoso defiende su texto: "El decreto de la Xunta de PSOE y BNG que precedió al de Feijóo dio cumplimiento al Plan General de Normalización Lingüística de Galicia que aprobó Manuel Fraga en 2004 plasmando textualmente su recomendación de que, ‘como mínimo, el alumnado reciba el 50% de su docencia en gallego’. El plan de Fraga tampoco marcaba un máximo y propugnaba como objetivo, ‘alcanzar un uso mayoritario del gallego en la docencia, entre los docentes y en las relaciones escolares en general’. Por contra, la norma del PP de Feijóo iguala exactamente el uso del gallego y del castellano, reduciendo su presencia incluso por debajo del 50% con la introducción de materias en inglés”.

Respecto a que no se aluda en el texto a que el decreto de Feijóo ha recibido el visto bueno de los tribunales, Vizoso aclara: “No me pareció necesario mencionar que el actual decreto es legal porque en tan poco espacio ese dato solo sería relevante si fuese al contrario”.

La legalidad del decreto sería un dato irrelevante si no fuera porque Vizoso cita en su texto las críticas que recibió por parte de la Real Academia Galega. Ya que esta institución lo recurrió a los tribunales, era oportuno especificarlo y recordar que la justicia no le dio la razón.

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