España, el país de los políticos por oposición

Vivimos en un país en el que cuando cambia el consejero de Sanidad cambian los directores de los hospitales a su cargo. Cuando sale un ministro, se suele replicar, sale también el bedel. Como han analizado varios politólogos, los partidos políticos han colonizado todas las instituciones del Estado y han politizado, por ejemplo, la Administración Pública, que debería portar como bandera la neutralidad en el servicio público. Y así vemos con naturalidad que en Cataluña, tan al norte geográficamente y tan al sur en sus estándares de corrupción, decenas de directores de colegio tomen partido y apoyen un referéndum ilegal siguiendo las consignas políticas de sus jefes.

La injerencia política es tan intensa que cabe preguntarse cómo las instituciones españolas funcionan, sin embargo, tan aceptablemente bien. “Hacemos la misma sanidad que en Estocolmo o en Londres, pero gestionamos nuestros hospitales como se hace en latitudes mucho menos ejemplares”, decía recientemente el diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Freire. Su partido ha consensuado una ley que, a través de sistemas reglados de selección y órganos colegiados de gobierno, pone las bases para que la gestión de los hospitales deje de ponerse en manos de fieles y elija (y destituya) por méritos profesionales. El problema es que hacer leyes es una cosa y cambiar los usos y costumbres, otra muy distinta. Nuestros políticos son muy dados a legislar contra la corrupción, pero rácanos a la hora de tomar medidas efectivas contra ella.

En el libro coordinado por Víctor Lapuente La corrupción en España (Alianza Editorial) se señala como una pésima costumbre el camino inverso: el exceso de funcionarios saltando a la política. Es un recorrido del que se habla poco pero que, según todos los indicadores, tiende a aumentar la corrupción. Es la llamada politización desde abajo.

Los funcionarios, con esa mayor movilidad que ofrece la Administración frente al sector privado, ven premiadas sus carreras con altos puestos sin que ese paso les penalice lo más mínimo. Se podría decir que sale a cuenta traicionar su propia condición, para la que opositaron, perder la neutralidad que se espera de un funcionario y dedicarse, en cambio, a demostrar lealtades a quien le puede catapultar al poder.

Prohibir a los funcionarios que se dediquen a la política es un disparate, pero algunos países han impuesto límites. En España, en cambio, es una práctica extendida. Un buen ejemplo es el Gobierno de Rajoy. De catorce miembros, ocho son funcionarios. Hay dos abogados del Estado, un diplomático, dos técnicos de la Administración Civil, un juez, un letrado en Cortes y un técnico comercial. Además, el propio Rajoy es registrador de la propiedad; un puesto vitalicio por oposición. Se fue Guindos, técnico comercial, pero entró Escolano, que también lo es. Todo en orden.

Sorprende que, a pesar de todo, la Administración española sea tan profesional y poco corrupta. Sorprende más todavía ver cómo muchos políticos conservadores se empeñan en privatizar y adelgazar el Estado en favor de su ideario liberal para, a renglón seguido, cuando pierden el cargo, recuperar su puesto. ¿Dónde? En la Administración; claro.