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¿Podemos permitirnos un ingreso mínimo vital?

La sociedad española no puede dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social

Trabajadores de Opel España salen de la factoría de Figueruelas (Zaragoza).
Trabajadores de Opel España salen de la factoría de Figueruelas (Zaragoza). EFE

En pocos días, el Congreso de los Diputados constituirá formalmente la ponencia encargada de redactar la Ley que ha de establecer un Ingreso Mínimo para parados sin recursos en nuestro país. Como era de esperar, en su contra se han alzado voces que llaman a la “responsabilidad” del legislador, porque “algo así no nos lo podemos permitir”.

Los argumentos también han sido previsibles: que si “cuesta demasiado”, que si se trata de un estímulo a la “vagancia”, que si supone un “efecto llamada” a la inmigración económica... Para la mayoría de la sociedad española, sin embargo, lo que “no nos podemos permitir” es la realidad de un 28% de españoles sufriendo riesgo de pobreza y exclusión social, como señala Eurostat, en un país, además, cuyo Gobierno presume cada día del crecimiento sostenido del PIB.

Va a costar sobremanera que la tramitación de esta ley concite la debida atención mediática y social, en un contexto casi monopolizado por el bucle de la política catalana o las revelaciones de los arrepentidos en las interminables causas judiciales del PP. No obstante, hay muchas razones para reclamar el foco sobre este asunto. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de más de 700.000 firmantes.

Segundo, porque sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO, legítimos representantes de los trabajadores españoles. Y tercero, porque interpela a los poderes públicos para cumplir una obligación moral antes que política: la de luchar efectivamente contra la pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con dignidad.

Quien esto firma tuvo el privilegio de defender en la tribuna del Congreso la toma en consideración de esta propuesta de ley. Y si entonces había razones para admitirla a trámite, hoy, más de un año después, las razones para que entre en vigor son aún más sólidas, tanto en el orden social como en la clave económica e, incluso, en términos puramente democráticos.

Es cierto que la macroeconomía española ha superado la crisis iniciada en 2008. Pero no es menos verdad que el crecimiento del PIB se ha financiado con pobreza laboral y desigualdad social. Las empresas del IBEX multiplican beneficios con porcentajes de dos dígitos, mientras el paro se mantiene por encima de los 3,7 millones de personas, de las que más de la mitad no reciben prestación publica alguna.

De hecho, casi la cuarta parte de los españoles que llevan parados más de dos años no tienen cobertura pública. Son más de 1,5 millones. La cobertura pública a los parados registrados ha pasado del 70% al 58% entre 2011 y 2017. En consecuencia, los hogares españoles con todos sus miembros en paro superan los 1,2 millones y más de uno de cada cinco españoles se sitúa ya por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, a medida que arreciaban los costes sociales de la crisis, el Gobierno recortaba el gasto destinado a proteger a sus víctimas.

En términos estructurales, además, todo parece indicar que la economía global y la revolución tecnológica digital se están saldando con un balance de empleo negativo. Todavía son menos los empleos creados que los que se destruyen al calor del avance técnico en los procesos productivos.

Y esto supone un problema grave para unas sociedades que tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas públicas con situaciones temporales de desempleo. Si las economías de mercado no son capaces de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma económico en favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de ingresos mínimos como la que nos ocupa.

También hay buenos argumentos de eficacia económica para respaldar esta iniciativa. Está demostrado que las economías que crecen a costa de reducir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los trabajadores están condenadas al fracaso a medio plazo. Una prestación pública para hogares sin recursos supone una inyección inmediata al consumo, que se traducirá necesariamente en el aumento de la actividad económica y el empleo. Esta es una línea de pensamiento que ya están asumiendo las autoridades de la Comisión Europea y el FMI a propósito del aumento necesario en los salarios.

Hay una razón democrática también a favor de este tipo de medidas. Porque si una prestación para hogares pobres podría “llamar” negativamente a la pereza o a la inmigración económica ilegal, como aseguran sus detractores, es seguro que la cronificación de las desigualdades y el aumento de la pobreza acabarán “llamando” al auge de los populismos que persiguen derruir el sistema vigente sin asegurar nada mejor.

Está comprobado históricamente que la desigualdad y la pobreza constituyen el auténtico cáncer de la democracia. En consecuencia, aquellos que cuentan afanosamente sus monedas, tal y como hacía el avaro Ebenezer Scrooge en el célebre Cuento de Navidad de Dickens, deberían calcular bien hasta dónde pueden tensar la cuerda de la injusticia social. Porque un día podría romperse...

En la ponencia legal en ciernes podremos discutir y acordar en torno al cuánto, al cuándo y al cómo. Si la ayuda se establece como una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Autónomas, salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de aplicación progresiva, sortearemos también los inconvenientes presupuestarios. Si vinculamos bien la prestación con el marco global de las políticas activas y pasivas de empleo, así como con las rentas autonómicas de inserción, el conjunto podría resultar armonioso y eficaz.

Es mucho dinero, desde luego. Según las fórmulas y los tiempos de aplicación, podríamos hablar de entre 6.000 y 12.000 millones de euros al año. Pero ¿es demasiado? Habría que hacer comparaciones. ¿Comparamos con los más de 60.000 millones del rescate a la banca que nunca se recuperarán? ¿O con los 40.000 millones de dinero negro lavado en la amnistía fiscal de Montoro? ¿O con los 13.000 millones anuales “ahorrados” en prestaciones por desempleo desde 2011? ¿Y cómo de cara resulta la pobreza?

Será difícil, sin duda. Pero tengamos algo claro: lo que realmente no se puede permitir la sociedad española, si aspira a un mínimo de justicia, dignidad y decencia, es dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social.

Rafael Simancas es secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados

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