Arrasar la Generalitat

Carles Puigdemont corre el riesgo de considerarse presidente de Cataluña al margen de cualquier proceso institucional, lo que le convertiría en un político autoritario. El grupo que le respalda, Junts per Catalunya, y sus posibles socios, ERC y CUP, deberían considerar el grave precedente que sentarían aceptando que se ejerza el poder político sin limitaciones procedimentales o legales, un espacio que, una vez abierto, cualquiera puede recorrer.

Más información

Cierta racionalidad

La estrategia del caracol

En política, ser astuto, hábil para engañar, característica que, según Joan Coscubiela, ha acompañado a los protagonistas del procés, tiene un coste más elevado de lo que se pregona. El engaño o la ficción prolongada suele arrasar con las instituciones. Y en este caso, arrasaría con la Generalitat, la institución política fundamental del autogobierno catalán, necesaria en la autonomía, pero también en cualquier proyecto legítimo de independencia.

Es fatigoso tener que recordar que Carles Puigdemont no es un héroe perseguido por el destino, sino más bien un político que ha cometido errores fundamentales en su gestión y que ha tomado decisiones ilegales, al margen de la calificación penal que merezcan finalmente. Además, Puigdemont es un político que nunca ha ganado unas elecciones. Primero, fue presidente de la Generalitat por renuncia de Artur Mas y después, su lista quedó segunda, por detrás de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, con más de 160.000 votos de diferencia, por mucho que a sus seguidores les cueste aceptarlo.

Cierto que para ser presidente de la Generalitat no cuentan los votos populares, sino las mayorías parlamentarias. Puigdemont puede ser elegido president de la Generalitat siempre que se siga un determinado procedimiento institucional. Los informes legales de que dispone el Gobierno central y la opinión de los letrados del propio Parlament indican que ese procedimiento exige que “el candidato presente delante del pleno su programa de gobierno y solicite la confianza de la Cámara”, lo que implica que debe estar presente. Hay que estar dispuesto a arrasar con la Generalitat para aceptar que el candidato comparezca vía Skype o similar. El mero hecho de que algunos políticos independentistas se hayan planteado esa posibilidad indica el trastorno tan grave que se ha producido en la vida política catalana.

La lucha personal de Puigdemont para no ser detenido puede suscitar sentimientos encontrados entre sus seguidores, admiración, afecto o compasión, pero siempre que no se confunda su combate particular con un proyecto político. Su imputación penal por el delito de rebelión puede ser discutible, pero no lo es que ha vulnerado la ley y que no ha presentado ningún proyecto, ni tan siquiera esbozo, de un plan de gobierno para los próximos cuatro años. Y ese es también un problema a la hora de especular con la posibilidad de un Gobierno “técnico”, encargado de cumplir “su” mandato formulado desde Bruselas. No existe mandato interpuesto, ni tan siquiera existe un programa que cumplir. Así que cualquier candidato/a que se presente como la simple máscara de Puigdemont estará engañando a los electores. El programa que presente será el suyo y, por supuesto, asumirá su propia responsabilidad en su desarrollo.

“Me debo a mis votantes”, “me debo a Cataluña” (igual que “me debo a España”) son expresiones banales que contienen, sin embargo, aspectos peligrosos desde un punto de vista político. Los diputados se deben al conjunto de los ciudadanos, como ha insistido el ensayista José María Ridao en sus artículos, y no solo a sus votantes y, desde luego, no a una única idea de país. Puigdemont debería abandonar de una vez la épica en la que se envuelve. Ni hay épica en Bruselas ni Puigdemont es Ulises. A lo más, puede reclamar el apodo “el de los pies ligeros”.