La estrategia del caracol

La parálisis que sufre la vida política española es consecuencia de una estrategia definida por el partido en el Gobierno y por su presidente. En lo que va de legislatura, el PP ha hecho aprobar 14 proyectos de ley, 9 de ellos obligadas trasposiciones de directivas europeas, y 5, consecuencia de los Presupuestos, una cifra minúscula si se compara con los 45 proyectos de ley que envió el PSOE al Congreso en el primer año de mandato de Rodríguez Zapatero. Es cierto que el PP no dispone de mayoría parlamentaria, pero a los 15 meses del primer Gobierno de José María Aznar, que necesitó el apoyo de Convergència i Unió, ya se habían aprobado 50 nuevas leyes.

Nada hace suponer que Rajoy vaya a cambiar de estrategia, por mucho que La Moncloa asegure que va a reac­tivar su agenda. Es posible que viaje más y se entreviste con más líderes europeos, pero el presidente no va a cambiar su colección de adverbios y adjetivos por políticas reales, porque esa es la manera que ha encontrado de inutilizar a la oposición. Desde el momento en que el Gobierno no tiene iniciativas ni toma decisiones sobre sanidad, educación, pensiones, presencia internacional, calidad del empleo, etcétera, la oposición no tiene nada que dificultar, ningún argumento que presentar contra lo que no se dice, como muy bien ha comprobado Podemos, convertido en un pedazo de hielo. El país entero, como si fuera un gran oso, entra en estado de hibernación.

Claro está que el resultado de una estrategia semejante es, sobre todo, el desprestigio de la política en su conjunto, pero esa es, probablemente, la menor de las preocupaciones del presidente en estos momentos. La estrategia del caracol diseñada por Rajoy en todo lo que pueda ser objeto de discrepancia con el PSOE (es decir, todo menos las líneas básicas para afrontar el conflicto catalán) parece dar, por el contrario, un excelente resultado para ocultar lo que debería haber sido el centro de esta legislatura: la corrupción.

La estrategia parece dar un excelente resultado para ocultar lo que debería haber sido el centro de esta legislatura: la corrupción

El año 2018 se abre con un balance para el PP que sería estremecedor si Rajoy no fuera un experto en distracciones políticas: están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores. Y el propio presidente figura en una lista de políticos que, posiblemente, ha cobrado sobresueldos ilegales de su partido.

¿A quién hay que pedir explicaciones? Al PP, desde luego, pero ese primer círculo está cerrado por el pánico que sufre un partido cuando se enfrenta al banquillo. Hay un segundo círculo de responsabilidad al que no se presta suficiente atención: Ciudadanos. El partido que se presentó como renovador de la escena política española es, precisamente, el partido que sostiene al Gobierno de Rajoy y su estrategia paralizante. Sin el apoyo de Albert Rivera todo el mecanismo puesto en pie por el PP se vendría abajo y eso no lo oculta el excelente resultado de Inés Arrimadas en Cataluña. Bertrand Russell decía que es indeseable creer algo cuando no existe fundamento alguno para suponer que sea verdadero, y en estos momentos no existe fundamento alguno para creer que Ciudadanos quiere desempeñar un papel decisivo contra la corrupción política.

Cada cual tiene su propia responsabilidad y, por supuesto, el PSOE tiene también la suya. Primero, por haberse enzarzado en una desoladora lucha interna, y después, por renunciar a poner en evidencia hoy a Ciudadanos, quizás pensando que un día puede necesitarle. Ninguna estrategia valdrá la pena si no transmite a la sociedad la urgencia de sacudirse la capa de hielo que la atenaza.