El PP, al banquillo

Cualquier intento del Partido Popular de desvincularse de la caja B y de las actuaciones ilícitas de su extesorero Luis Bárcenas ha chocado habitualmente con la desconfianza de los ciudadanos y el mínimo sentido común que acompaña cualquier escándalo de corrupción. Pero esta vez, el PP no ha chocado con un intangible sino con la firmeza de la Audiencia Provincial de Madrid para procesar al partido en el Gobierno por la presunta destrucción de los ordenadores de Bárcenas.

En contra del criterio de la Fiscalía Provincial que intentaba enterrar el asunto, y a pesar de la pérdida de la documentación del caso que obligó a reconstruirlo, el tribunal ha escuchado a las acusaciones particulares —encabezadas por Izquierda Unida, L’Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)— y ha decidido sentar en el banquillo al partido como persona jurídica por delitos de daños informáticos y encubrimiento.

La justicia ha funcionado. Y ha dado prueba, una vez más, de que la separación de poderes rige nuestro Estado, a pesar de los reproches y críticas de algunos cada vez que no les parece satisfactoria una sentencia, como ha ocurrido muy recientemente con el encarcelamiento de los miembros del Govern y otras decisiones jurídicas relacionadas con el procés.

El PP, que apenas está iniciando su andadura en los tribunales de una larga cadena de casos de corrupción, responderá ante la justicia por la destrucción de esos discos duros en los que el extesorero Bárcenas reunía supuestamente las cuentas opacas de la caja B. Las misteriosas listas de donantes, la agenda de citas, los recibos de pagos de la contabilidad paralela o detalles de sus cuentas en Suiza se evaporaron para siempre cuando el responsable informático del partido destruyó presuntamente ese material siguiendo órdenes del director jurídico del PP, el abogado Durán. El daño está hecho, pero alguien deberá responder por ello.

No es la única mala noticia reciente para el Partido Popular en este apartado. Francisco Granados, quien fuera secretario general del partido de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, se sienta en el banquillo en la Audiencia Nacional en el juicio por la trama Púnica. El mismo tribunal ha encontrado en Colombia el botín de 5,4 millones de dólares en metálico y varios inmuebles que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, había amasado supuestamente en la adquisición de la compañía brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. Los jueces de nuevo han funcionado.

Las decisiones que sientan en el banquillo al PP como partido, a destacados antiguos líderes como Francisco Granados, Ignacio González, Jaume Matas y numerosos dirigentes de Valencia, mientras prosigue el rosario de Gürtel, son pruebas de un sistema democrático en el que el poder judicial debe jugar, desde la independencia y sin sospechas, un papel clave en el acorralamiento de la corrupción. El papel que la política no jugó a su debido tiempo.