Ayer, hoy, mañana

A finales de 1995, en un clima político muy convulso, por escándalos varios de corrupción, Pujol retiró su apoyo a Felipe González, quien a su vez disolvió Las Cortes y convocó elecciones. Esa iniciativa tuvo un efecto tranquilizador de la vida política y de la opinión pública. La convocatoria de elecciones el 21 de diciembre ha sido la decisión clave de las tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución. También ha tenido un efecto sedante sobre una situación política, catalana y española, que avanzaba hacia el desastre.

Estos días se ha dicho que ese artículo estaba pensado para situaciones como la del 23-F. Sin embargo, la experiencia más bien indica que era necesario contar con un instrumento político como el 155 para hacer frente a golpes no militares pero de efectos potenciales similares. La cuestión era cómo neutralizar un movimiento semi-insurreccional sin recurrir a una represión indiscriminada.

La actuación policial del 1-O pudo ser menos aparatosa, pero el debate sobre sus consecuencias no puede plantearse sin tener en cuenta las de no haber intervenido; de haber aceptado como inevitable la actuación cuasi insurreccional de las masas de manifestantes rodeando y paralizando a las fuerzas de seguridad desplegadas para impedir la pretensión de decidir mediante una votación ilegal la independencia de Cataluña. Era preciso disponer de un instrumento legal excepcional para neutralizar una situación que también lo era.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha declarado ahora que el Gobierno central les hizo llegar la amenaza de movilizar al Ejército para frenar el proceso independentista, lo que significaba “muertos en la calle”, y que por eso la Generalitat decidió “actuar con responsabilidad”. En una carta a los suyos, el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reconocido que fueron unos “ingenuos al creer que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión”.

Esto recuerda un viejo debate de la Transición. En un texto de ETA publicado en 1979 y reproducido por Francisco Letamendía en su Historia del nacionalismo vasco y de ETA, se argumentaba que el incremento de la lucha abertzale crearía un problema irresoluble al Estado, que “no puede torturar, ni llevar a cabo grandes redadas, ni declarar estados de excepción porque esas medidas no harían sino ampliar la base social de apoyo a la lucha armada y minar las bases de la Reforma”. Es decir, que el Gobierno no podía hacer lo que había hecho el franquismo con bastante éxito, generalizar la represión, sin perder credibilidad democrática.

El 155 ha servido para facilitar una salida por vía electoral, pero no está excluido que de las urnas salga una mayoría independentista. Si ocurre, habría que tenerlo en cuenta, pero solo si es por un amplio margen obligará a revisar los planteamientos de los constitucionalistas. Pues el criterio de legitimidad del resultado no es superar el 50% de los votos, que convertiría en parte derrotada a la mitad de la población. Como ha reconocido Joan Tardà, de ERC, seguiría siendo cierto que “no hay una mayoría suficiente por la independencia”