Para hacer qué

Las elecciones tienen consecuencias. Robert Kennedy decía que no solo servían para recordar a los ciudadanos sus derechos, sino también para enfrentarles a su responsabilidad. Sea verdad o no, las mejores consecuencias suelen derivarse de que, incluso aunque todo el mundo se presente con los mismos objetivos que en comicios anteriores, los resultados casi nunca dejan de producir nuevos equilibrios, a veces incluso nuevas relaciones de fuerza, además de dar vida a interlocutores, secundarios o principales, capaces de tomar parte en nuevos diálogos. Es decir, las elecciones quizás no resuelvan los problemas, pero ayudan a que aparezcan nuevas maneras de enfocarlos y eso ya suele ser un arranque prometedor y razonable.

En el caso de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, las consecuencias serán, además, inmediatas desde un punto de vista político, puesto que el apartado E9 de las medidas de excepción solicitadas por el Gobierno —en virtud del artículo 155 de la Constitución, y autorizadas por el Senado— dice textualmente: “Se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”.

La atención se centra ahora en la formación de candidaturas, pero en lo que habría que fijarse es en los matices que introduzca cada uno de los grupos. Estas elecciones arrancan de un escenario en el que dos mundos se miran con una gran desconfianza. Solo políticos aquejados de locura pueden pedir que el 22-D se plantee un escenario idéntico al que existía antes de la convocatoria. La pregunta inevitable que se tienen que formular los votantes es: ¿me piden la papeleta para hacer qué? Y la segunda consideración: ¿se enmarca eso dentro de lo posible en un plazo de tiempo como el que ofrece la próxima legislatura parlamentaria?

¿Hacer qué? es una pregunta que debería encabezar cualquier programa electoral, pero en este caso parece ser aún más determinante. Los partidos o candidaturas que aspiran a gobernar, ERC, PDeCAT, PSC, CSQP (la CUP no se lo plantea), saben que es la sociedad catalana la que no puede soportar cuatro años más de enfrentamiento interno y sin esperanza, sin un programa político que aborde problemas cotidianos, en muchas ocasiones mucho más complejos y vitales de lo que ellos quieren admitir. ¿Qué proponen para distender ese enfrentamiento y para dibujar un horizonte político a corto plazo? No se trata de que nadie renuncie a sus objetivos, sino de presentar una propuesta comprensible en términos políticos. No se trata de volver a ninguna situación anterior, sino de mejorarla. Resulta descorazonador el poco prestigio político que tiene la palabra “mejoría” frente a la mucho más inquietante de “solución total”.

¿Hacer qué? no es solamente una pregunta dirigida a los partidos catalanes. En este caso, debería lanzarse también al Gobierno central. Tanta locura sería que los políticos catalanes creyeran que pueden volver a un escenario idéntico al que existía antes de las elecciones del 21-D, como que el Gobierno de Mariano Rajoy crea que basta de nuevo su silencio para reconducir el problema. En absoluto. Rajoy está obligado a hablar, y a tomar iniciativas políticas. El Estado de las autonomías, con todos sus defectos, ha permitido que los territorios y pueblos con personalidad histórica recuperaran su autogobierno, pero ahora se plantean nuevas aspiraciones y realidades. Al mismo tiempo, territorios de España que estaban casi olvidados han recuperado también vitalidad y energía gracias a ese nuevo reparto de poder. El Estado necesita completar su diseño territorial y el sistema de financiación sobre el que base ese nuevo diseño, y el Gobierno central no puede pretender estar ausente o paralizar ese debate.