Dr. 155 y mr. DUI

El jueves 26 de octubre, en Barcelona, Carles Puigdemont no abortó la declaración de independencia de Cataluña porque no le garantizaron, desde el Gobierno, que la justicia atendería sus demandas. Dos veces quiso anunciar elecciones y olvidar su promesa de acatar “el mandato del pueblo catalán”; dos veces dio marcha atrás al no tener lo que él llamó “garantías” y que eran exactamente eso: las garantías de que él no era un ciudadano con los mismos derechos y los mismos deberes que otro, sino alguien con privilegios gracias a una posición de fuerza obtenida fuera de la ley.

El martes 31 de octubre, en Bruselas, Carles Puigdemont dijo que no regresaría a España hasta que no obtuviese “garantías de un juicio justo”. Una semana después de negociar una justicia a la carta como elemento de chantaje al Estado, Puigdemont reclamó una justicia que no dependiese delictivamente del Gobierno español sino que fuese homologada por un Govern destituido, al que hay que consultar para que el juicio tenga las garantías que demanda su autoproclamado presidente en el exilio.

Hacerle caso al Gobierno cuando el Gobierno actúe como tú quieres, hacerle caso a la justicia cuando se ponga a tu servicio. La ley es la violencia; su incumplimiento es la paz. El Govern da ejemplo al mundo al privar de derechos a la mitad de sus ciudadanos imponiendo su mayoría por encima de la ley; el Estado ejerce “extrema agresividad”, “máxima beligerancia” y “violencia institucional” al restaurar la legalidad. El expresidente de la Generalitat es una víctima perseguida que busca auxilio en el extranjero; España tiene un problema de “déficit democrático” al empeñarse en hacer cumplir la Constitución que la ha convertido en democracia.

Desde hace siete años, cuando Mas advirtió de que el Parlament incumpliría la ley al iniciar un proceso constituyente, hasta ahora, cuando Puigdemont ha terminado su trabajo con el resultado esperado (unos señores fingiendo que trabajan en Barcelona y otros en Bruselas fingiendo que no les dejan trabajar), el soberanismo ha exigido siempre “garantías”. Garantías de que su situación era diferente, de que su voluntad sería respetada por encima de la voluntad de los demás, de que el Parlamento ha de plegarse a sus deseos, y ahora la justicia, y después cualquier cosa con tal de jugar sobre seguro, garantizándoles que nunca van a perder.

No basta con hacer lo que te da la gana: los demás tienen que reconocer que puedes hacerlo. Por tanto no se asume ni la responsabilidad de acabar con el adversario: se le pide al adversario que se ejecute a sí mismo. Una jugada maestra si hubiese un maestro detrás, y millones de tontos delante.