Intervenida, no suspendida, la autonomía

El Gobierno de Mariano Rajoy dio ayer el paso esperado ante la rebelión catalana, dando una muestra clara de que el Estado tiene una capacidad coercitiva fortísima para restaurar el orden constitucional roto por el Govern y el Parlament catalanes. Esa fuerza no es solo judicial, sino sobre todo, política. Los españoles hemos vuelto a comprobar la capacidad motora de un acuerdo PP-PSOE (apoyado esta vez por Ciudadanos). Entre los tres grupos políticos representan una mayoría de 252 diputados en el Congreso de los Diputados.

La activación del artículo 155 de la Constitución se ha hecho como había que hacerla: sin complejos y sin dejar resquicios para que el independentismo siguiera haciendo trampas y violentando la legalidad que los españoles (incluida una mayoría muy amplia de los catalanes) votamos en 1978.

El Consejo de Ministros decidió intervenir la autonomía con cuatro objetivos: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia en Cataluña, continuar con la recuperación económica que ponía el peligro el secesionismo y celebrar elecciones autonómicas lo antes posible. Además, por primera vez en mucho tiempo, Rajoy salió a dar la cara y a explicar las medidas adoptadas. Se echaba de menos una política de comunicación proactiva, que había permitido que el discurso catalán creciera con falacias y mentiras.

Inmediatamente, las fuerzas del independentismo, sus socios (declarados o emboscados, como Podemos) y los medios de comunicación y periodistas secesionistas se lanzaron a intentar modificar el relato de los hechos. Frente a la intervención propuesta por el Ejecutivo al Senado de la nación, las fuerzas que ondean la estelada afirmaron, sin pudor, primero que se había suspendido el autogobierno y posteriormente, que se había declarado el estado de excepción o incluso que se había dado un golpe de Estado.

Curiosa lectura de quienes han suspendido la Constitución y el Estatuto en dos votaciones los días 6 y 8 de septiembre pasados, y han declarado la independencia tras un referéndum fraudulento, dando, ellos sí, un golpe al Estado democrático. Es un paso más en la escalada de victimismo que cada vez tiene menos credibilidad, a medida que se descubre que sus promesas y sus mensajes están plagados de engaños y, lo que es más peligroso, de ideas xenófobas y supremacistas.

Una vez activado el 155, la pelota está ahora en el tejado del Senado, cuya mesa inició ayer los trámites para su aprobación, que podría producirse el próximo viernes, 27 de octubre. Entonces, se procederá al cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros, además de ejercer un control riguroso sobre el Parlament. Y antes de seis meses se convocarán elecciones autonómicas en Cataluña.

Se pondrán en marcha entonces las acciones enumeradas en el documento de 19 páginas enviado por el Gobierno al Senado. Un camino que no va a ser nada fácil. En primer lugar, porque el independentismo seguirá llenando la calles de personas y banderas y, desgraciadamente, no se pueden descartar enfrentamientos en una Cataluña tan fracturada como la actual.

Hay además otro problema añadido que ayer mismo empezó a asomar. ¿Aguantará el tirón el PSOE? Algunos alcaldes del PSC se mostraron ayer contrarios a la aplicación del 155, a pesar de que el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, apoyara explícitamente las medidas del Gobierno. Pedro Sánchez ha negociado con Mariano Rajoy las actuaciones ante la rebelión catalana, obteniendo el compromiso del PP de iniciar inmediatamente las conversaciones para reformar la Constitución de 1978.

Es muy importante que a Sánchez no le tiemble el pulso cuando en los próximos días los independentistas y los antisistema de Podemos criminalicen la acción del Estado poniendo a los socialistas en el disparadero. El secretario general del PSOE ha optado por una política de Estado (“la mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral”, dijo ayer), en línea con la historia de su partido, y es imprescindible que la mantenga, como él mismo ha declarado una y otra vez en las últimas semanas.

Las autoridades catalanas tienen todavía una oportunidad para frenar el 155: aprovechar la semana que viene para disolver el Parlament y convocar anticipadamente las elecciones autonómicas. PP, PSOE y Ciudadanos aceptarían esa decisión como una vuelta a la legalidad y paralizarían la ejecución del 155. Algo que, sin embargo, no parece que vaya a pasar a la vista de la respuesta que dieron ayer desde la Generalitat, el Parlament y los principales líderes independentistas.

Por el contrario, en Madrid no se descarta que Puigdemont se deje llevar por las presiones de ERC y la CUP y proclame la república catalana algún día de la próxima semana, tal y como amenazó en la carta de respuesta a Rajoy el jueves pasado. El conflicto no ha acabado. Ni mucho menos. Nos quedan algunas semanas álgidas, meses complicados y años para que se pueda recuperar la concordia y la convivencia en Cataluña.