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Desigualdad dañina

La precariedad y el estancamiento salarial comprometen el crecimiento

Luis de Guindos, ministro de Economía
Luis de Guindos, ministro de Economía EFE

La crisis catalana, con toda su importancia, no debería hacernos olvidar uno de los principales problemas que preocupa a los españoles. El aumento de la desigualdad, con su secuela evidente de aumento del riesgo de pobreza, no solo es un factor que amenaza el crecimiento económico. La combinación de precariedad laboral y bajos salarios afecta a los jóvenes, a las familias y hace peligrar en riesgo las pensiones. Daña, en definitiva, el tejido social y genera desafección política.

Las mediciones de la desigualdad —agravada por la crisis de 2007 y por las políticas económicas de trazo grueso (recortes salariales, restricciones presupuestarias, eliminación de derechos laborales) aplicadas en España desde 2012— son indirectas, pero según los informes de los organismos internacionales muestran que en España es más elevada que en Europa. La precariedad de las rentas y la inestabilidad laboral, principales causas de la desigualdad, afectan sobre todo a los jóvenes, pero también a los jubilados (caída del poder adquisitivo de las pensiones) y a las rentas medias.

Un problema grave que se deriva de la desigualdad (y del riesgo de pobreza; en España está cinco puntos porcentuales por encima de la media europea) es que provoca malestar social, uno de los factores más tóxicos para la estabilidad política. Por añadidura, no es una base recomendable para garantizar un crecimiento estable a medio y largo plazo. El sistema económico puede absorber sus efectos a corto plazo siempre y cuando existan expectativas de mejora: corrección de las contrataciones precarias, aumento progresivo de los salarios para acompasarlos al ritmo de reactivación económica y rentas de jubilación que no pierdan poder adquisitivo. Pero si no existen expectativas de cambio, el consumo empezará a resentirse, empezando por el que atañe a los bienes duraderos, y la demanda interna puede empezar a acusar sus efectos a partir de 2018.

A pesar de las reiteradas advertencias desde muchos organismos internacionales, en el Gobierno —limitado por operar en minoría y por la crisis de Cataluña— no se acaba de asimilar (es decir, entender y actuar en consecuencia) que las condiciones externas favorables van a desaparecer en el plazo aproximado de un año. Los tipos de interés del euro no se van a mantener siempre en los niveles actuales y el precio del crudo tenderá a subir más que a mantenerse.

Por lo tanto, es necesario —y cuando pasen algunos meses será también urgente— planificar dos políticas fundamentales: la de rentas y la fiscal. Hay que acabar con el estancamiento de los salarios, porque arruina la productividad, y es posible modificar los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral. De hecho, el Ministerio de Empleo quiere poner en escena tímidas reformas de la contratación. Ni en términos económicos ni de autoestima social es aceptable mantener tasas de empleo juvenil en torno al 40%. Al mismo tiempo, tiene que aumentar la capacidad de recaudación del Estado, para que pueda sostener la red de protección social en mejores condiciones que en la actualidad.

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