Cataluña en otoño

Este artículo es para un amigo extranjero inquieto, que me formula en privado unas preguntas que normalmente los periodistas no nos hacemos en público. ¿Estamos en puertas de la independencia catalana? ¿Será Cataluña un nuevo país con fronteras, aranceles, moneda propia y ejército, fuera de la UE y de la OTAN? ¿O habrá una intervención militar española e incluso el riesgo de una nueva guerra civil?

Nada de todo esto sucederá, le digo. Pero lo que sí sucederá y está ya sucediendo es que hemos entrado en una crisis que se antoja larga y confusa, en la que todos, catalanes y españoles, saldremos perdiendo, además de sufrir y de pelearnos entre nosotros.

Cataluña no tan solo no será independiente, sino que saldrá disminuida y debilitada, con menos fuerza para negociar en el inevitable intento de recuperar el consenso constitucional que debe producirse. España también dejará muchos pelos en la gatera, sobre todo respecto a su imagen, al prestigio de sus instituciones y al atractivo de su brillante historia de recuperación de la democracia y de apertura al mundo.

Otro amigo, este catalán, me recomendó atinadamente que retuviéramos bien las condiciones de vida y de bienestar que hemos conocido porque ya no regresarán jamás: las empresas que se han ido —los dos grandes bancos catalanes y 800 empresas más detrás—, los viejos partidos ahora disminuidos y destruidos, las instituciones autonómicas desprestigiadas e intervenidas, los medios de comunicación antes compartidos, la alegría de vivir y la convivencia en una sociedad plural y ahora entristecida y dividida...

En unas semanas, desde el 19 de agosto, han pasado cosas que nunca pudimos imaginar. Primero, los atentados de aquella jornada trágica, perpetrados por jóvenes musulmanes aparentemente integrados. Luego, sus nocivos efectos en la sociedad catalana, con explícitas e insólitas divisiones entre las distintas policías; la aparición de una extraña y probablemente programada idolatría hacia la policía catalana; y, al final, la manifestación que debía ser de rechazo al terrorismo y fue manipulada para humillar al Rey y al Gobierno con la exhibición de banderas secesionistas y eslóganes, como “vuestras políticas, nuestros muertos”, que atribuían al Gobierno español la responsabilidad de los atentados.

Luego, entre el 6 y el 8 de septiembre, lo peor, un asalto a la legalidad constitucional y un golpe al Estatuto de Autonomía por parte de una mayoría parlamentaria independentista de 72 diputados sobre 135, formada por la coalición burguesa Junts pel Sí y la extrema izquierda asamblearia de la CUP. Haciendo caso omiso a los letrados del Parlamento, al Consejo de Garantías Estatutarias y al Tribunal Constitucional español, el Gobierno de Carles Puigdemont vulneró incluso el reglamento y los derechos de la oposición para aprobar dos leyes que debían permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación el primero de octubre y proclamar la república catalana independiente a las 48 horas.

Entre el 6 y el 8 de septiembre se produjo lo peor: el asalto a la legalidad constitucional

Es difícil contar a los amigos de fuera cómo ha llegado tan lejos el Gobierno catalán en su interpretación populista de una democracia sin reglas, que atiende a las manifestaciones en la calle y a organizaciones extraparlamentarias que se arrogan la representación popular. Tampoco es fácil contarles lo que sucedió el 1-O, en una especie de plebiscito de movilización contra el Gobierno de Rajoy, que fue incapaz de impedir su celebración pacíficamente y terminó mandando a una policía antidisturbios que tampoco pudo impedirlo pese al abundante e indiscriminado uso de la fuerza.

De pronto, se había alumbrado la peor imagen de España, la del franquismo represor, ante el estupor de unos y la satisfacción de otros; una victoria propagandística que inmediatamente tuvo su contrapartida en la realidad, al menos desde tres ángulos: el de las empresas que votaron con los pies ante la verosímil independencia; el de las instituciones y gobiernos europeos, que han cerrado filas con Rajoy y se han declarado hostiles a la secesión; y el de la mitad no secesionista de la sociedad catalana que por primera vez ha salido masivamente a la calle.

¿Cuánto tiempo se prolongará esta descomposición política? ¿Qué consecuencias tendrá la intervención del autogobierno mediante el artículo 155 de la Constitución? ¿Qué resultados producirá en la democracia española y en la buena marcha de la economía? ¿Habrá una reacción centralista y conservadora? Estas son las nuevas preguntas que sin duda me formulará mi amigo. Todavía no puedo adelantarle nada, pero le digo que Cataluña ya está en pleno otoño y que luego llegará el invierno, cuando añoraremos la luz del verano que no volverá.