Amenaza para el euro

Sería una ingenuidad o una negligencia grave suponer que la tensión independentista en Cataluña, instigada por el Govern de Carles Puigdemont, no tiene ya consecuencias dañinas para la economía española y, en particular, para la catalana. Los hechos son tercos: las reservas turísticas en Barcelona están cayendo entre un 20% y un 30%, las empresas catalanas más emblemáticas han cambiado de sede, existen indicadores preocupantes de caída del consumo inmobiliario a corto plazo —que sí tendrá impacto directo e inmediato en la recaudación fiscal de la Generalitat—, la entrada de inversiones en el mercado catalán está desacelerando y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten de una posible ralentización de la economía española si el procés se prolonga o se estanca sin solución a la vista.

El Fondo Monetario Internacional, por medio de su economista jefe, Maurice Obstfeld, ha ido un poco más allá de este análisis: existe un riesgo de contagio económico de la crisis catalana a otros países de la eurozona, empezando por Portugal. Es un cambio cualitativo crucial en el análisis político y económico de la crisis; indica, como poco, que las consecuencias del procés pasa a considerarse un elemento de riesgo para la economía europea y que salta, desde el interés nacional o local, a la órbita económica global.

La hipótesis del contagio no sólo no es inverosímil, sino que parece más probable de lo que a las autoridades económicas europeas y españolas les gustaría reconocer. Cataluña es un factor de incertidumbre para la economía española, la que más crece en la eurozona, en un momento delicado para la economía europea. En primer lugar, porque por primera vez desde la gran recesión, la reactivación empieza a mostrar un rumbo firme, aunque todavía sin consolidar y no es momento de contratiempos; después, porque la sombra del Brexit será duradera. Bruselas, Berlín y Fráncfort no pueden aceptar dos incertidumbres tan graves sobre Europa, con orígenes casi gemelos en la pulsión secesionista.

La insistencia de Obstfeld y de todas las instituciones europeas en el diálogo y la negociación para resolver la crisis independentista encubre una aguda inquietud por la evolución económica europea. El factor clave es el tiempo: si la crisis se prolonga, aumenta el riesgo de contagio a otros países del área. El Gobierno ya ha adelantado que revisará a la baja las previsiones de crecimiento en 2018 por la crisis en Cataluña. La factura será muy cara en términos de inversión, empleo y bienestar.

La tensión independentista no es un juego entre políticos sin costes económicos para los ciudadanos; por el contrario, está introduciendo elementos de desestabilización en el mercado europeo que, como advierte el FMI y todas las instituciones económicas, son potencialmente graves para el euro si no se resuelven con rapidez y claridad. La posición de Bruselas es, por el momento, de advertencia. Pero el daño a la economía irá creciendo con el paso de las semanas y los meses y esa posición puede endurecerse. Jean-Claude Juncker ha sido rotundo: “No quiero una Cataluña independiente; otros harían lo mismo”. Y eso define perfectamente la estrategia europea.