¿Por qué huyen las empresas de Cataluña?

Han sido fulminantes los consejos de administración que de forma unánime, y casi al mismo tiempo, han decidido sacar su sede social de Cataluña. En todos los casos han aducido las mismas razones: la inseguridad jurídica resulta letal para sus objetivos empresariales.

El capitalismo está bajo acoso en Cataluña. Y tiene su lógica porque al plantear legítimos fines políticos con el desprecio del derecho, han atacado las bases mismas del sistema capitalista que —con sus defectos y necesidades de reforma— está íntimamente ligado a la democracia, y al imperio de la ley: La loi c’est le roi (la ley es el rey), que decían los revolucionarios franceses.

La quimera de la segregación de Cataluña supondría pasar de un mercado único a uno fragmentado. La libertad de circulación se sustituiría por la limitación en los movimientos de personas, mercancías, servicios y capitales. Las fronteras es lo que tienen. Separan. Sólo el derecho las puede hacer invisibles a través de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales (como sucede en la UE) que permitan instaurar el principio de libertad de circulación, renuncia a aranceles y un mercado único.

Este movimiento antihistórico nos ataca en la era de la globalización. Barcelona es una de las ciudades que están en vanguardia de la digitalización y los nuevos desarrollos urbanos. Este golpe que la Generalitat y sus socios anticapitalistas están asestando a Cataluña, España, Europa y el mundo, le perjudicará especialmente. Ya ha perdido la sede de tres de sus principales iconos empresariales, CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural.

El problema catalán es político, y eso incluye economía, mercado y ley. Conviene recordar al premio Nobel de Economía Ronald Coase: hay una interdependencia entre el derecho y la economía. Al burlar y romper el marco jurídico de la convivencia, la Generalitat y sus secuaces no solo han atacado la unidad de la soberanía, sino la unidad de su propio mercado, que es el catalán, el español y el europeo.

Como certeramente señaló el Rey en su ya histórico discurso, han obviado, dolosamente, que sus aspiraciones políticas y sus sueños de independencia solo tienen derecho a ser encauzados a través de los mecanismos de reforma constitucional. Lo que sea España —y por tanto Cataluña— es decisión de los españoles que se han sometido a unas bien definidas reglas de juego, al alcanzar un régimen constitucional que se ha afirmado como uno de los Estados de derecho más modernos y avanzados del mundo. Como ya ha dicho claramente el Tribunal Constitucional alemán, en este punto válido para cualquier Estado con soberanía popular, los Länder no son los “herren des grundgesetzes”. Los Estados federados, o las comunidades autónomas, no son los señores de la Constitución. Con esa dolosa confusión, la Generalitat se ha pegado un tiro en los pies, pero no solo en los suyos.

Sus empresas temen perder el acceso a un gran mercado formado por más de 50 millones de personas. A ello debe unirse el acceso al mercado europeo desde la entrada en la UE, y las privilegiadas relaciones con los países de Iberoamérica. Sería la ruina de sus accionistas, depositantes, clientes... En un contexto de globalización es utópico pensar que se puede sobrevivir en mercados nicho. Se puede ser feliz en la Arcadia. Pero pobre. Esto es lo que nos dicen las empresas catalanas al trasladar su domicilio social.

Javier Cremades es abogado.