Reformas bloqueadas

La economía española tiene pendientes dos problemas muy graves: la firma de un acuerdo salarial, que permita a medio plazo la recuperación de parte del poder adquisitivo, y una solución para reformar el sistema de pensiones. Los agentes sociales (empresarios y sindicatos) han mostrado una incapacidad frustrante para llegar a un pacto salarial en 2017; sería muy peligroso para la estabilidad económica y social que el acuerdo fracasara también para 2018, porque la política de rentas salariales no puede seguir disociada de la reactivación. El reciente acuerdo en la hostelería de Baleares (un 17% para los próximos cuatro años) demuestra que los pactos pueden ser posibles si se dan las condiciones.

Las mesas de acuerdo para reformar las pensiones siguen negociando a un ritmo muy lento. El agotamiento de la hucha de las pensiones, el envejecimiento de la población, la diferencia cada vez mayor entre esperanza de vida y edad de jubilación y, en fin, el hecho de que las nuevas pensiones son más caras que las viejas, abocan a una crisis próxima del sistema (recortes drásticos y continuados de las prestaciones), si el Gobierno y el Parlamento no toman decisiones inmediatas, como el traslado a Presupuestos de algunas pensiones, eliminación de las tarifas planas que restan ingresos al sistema o subidas de las tipos más altos de cotización.

A pesar de que salarios y pensiones requieren negociación y plena dedicación política, porque afectan al conjunto de los españoles, la crisis institucional de Cataluña bloquea la atención debida al bienestar social del conjunto del país. La convulsión independentista ciega el espacio político que ambos casos merecen. El coste del delirio independentista no se mide solamente en expectativas de un menor crecimiento, repercusión directa de la inestabilidad, sino también en forma de un retraso oneroso en la solución de los dos problemas básicos del bienestar social en España.