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El 19 de septiembre pasado un sismo de 7.1 grados Richter azotó la Ciudad de México y otras cinco entidades del centro del país con un saldo provisional de 337 muertos. En la mayor parte de la capital mexicana no hubo daños, pero en varios barrios centrales el panorama es desolador: 198 muertos, 800 lesionados, 30 desaparecidos, 50 edificios colapsados y alrededor de 500 edificios severamente deteriorados. Los daños no se comparan en escala con los de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, con relación a los miles de muertos, damnificados y edificios destruidos. Sin embargo, el número de edificios derrumbados o severamente dañados paulatinamente se incrementa.

Cientos de jóvenes se volcaron a levantar escombros con sus manos para rescatar heridos y atender damnificados. Se trata de imágenes que le dan la vuelta al mundo. Paulatinamente esta movilización ciudadana fue desplazada por las fuerzas públicas (policía local y federal, militares, marina), particularmente en los colapsos más mediatizados, como la escuela Enrique Rébsamen, donde la principal televisión del país inventó un personaje atrapado bajo los escombros, la niña “Frida Sofia”, que le permitió cooptar la atención de millones de televidentes. El desastre, que de ninguna manera es natural, permite lucrar a empresas privadas.

Los medios de comunicación paulatinamente presentaron imágenes de un Estado mexicano responsable. El esfuerzo por invisibilizar a los ciudadanos y hacer protagonistas a militares, policías y gobernantes es evidente. Sin embargo, “Frida Sofia” resultó ser un culebrón, el presidente se quedó sin dar esa buena noticia y el secretario de educación pública, que estuvo muchas horas en esa escuela, se quedó sin tomarse la selfie.

El jueves 21 de septiembre salí temprano a la colonia Juárez, donde debería servir como traductor de un equipo de expertos alemanes en seguridad física de inmuebles dañados por sismos. Las redes sociales se han vuelto un canal de comunicación muy útil para los miles de ciudadanos que desde las primeras horas del sismo se movilizaron para rescatar heridos, atender damnificados y apoyar en lo que se pueda. Pero las redes sociales también sirven para difundir rumores, como el de los expertos alemanes.

En las visitas que hemos hecho a edificios dañados en los barrios afectados no dejan de sorprendernos los dictámenes oficiales de Protección Civil: en algunos edificios que aparentemente presentan daños menores, el dictamen es evacuación; en otros edificios evidentemente dañados (con cuarteaduras en muros) el dictamen es “sin daños estructurales”. Igualmente, en algunos edificios que parecen estar bien, la gente se va y no quiere regresar, pero en otros que parecen en alto riesgo, la gente se niega a salir. En las calles hay gente valorando el estado de su inmueble, analizando qué hacer, si quedarse o irse. Hay edificios que se encuentran en regular estado, pero tienen al lado un edificio que se está recargando y pone en riesgo su estabilidad. Hay inquilinos, propietarios y gente que recién compró (y está pagando) un departamento nuevo hace menos de seis meses y no sabe qué hacer.

En la sociedad hay solidaridad y luto, pero también la rabia y la demanda política comienza a emerger ¿Por qué se cayó el edificio si es nuevo? ¿Por qué se destinaron enormes esfuerzos y recursos humanos en la búsqueda de una niña que nunca existió y no se concentraron esfuerzos en otros derrumbes para salvar posibles vidas? ¿Cómo confrontar el discurso hegemónico de que estamos frente a un desastre “natural”? ¿Qué efectos ha tenido el modelo de desarrollo urbano intensivo que ha encarecido el suelo y la vivienda y ha densificado indiscriminadamente selectos barrios centrales? ¿Por qué Protección Civil recomienda evacuar edificios aparentemente no muy dañados en las colonias Roma y Condesa? ¿Se trata de acabar de limpiar socialmente los barrios de moda?

También comienzan a surgir las propuestas. Hace 32 años la población damnificada por los sismos, a través de sus movilizaciones, consiguió que el gobierno expropiara alrededor de 5.000 inmuebles para que allí se reconstruyera la vivienda de los damnificados. Así, esa población evitó ser deportada a la periferia, donde el suelo es más barato y más rápida la construcción de vivienda. Un primer decreto expropiatorio, emitido el 11 de octubre de 1985, incluyó decenas de predios en barrios como la Juárez, Roma y Condesa. Sin embargo, un segundo y definitivo decreto expropiatorio, bajo el discurso que hubo errores e inmediatez, eliminó todos los predios de las colonias de clase media. Ahora, en 2017, los barrios afectados son mayoritariamente de clase media y cobra fuerza la demanda de expropiar los edificios colapsados o severamente dañados para reconstruir vivienda accesible a la población damnificada. El Derecho a la Ciudad, oficialmente reconocido en la nueva Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en septiembre de 2018, debe cristalizarse en beneficio de quienes perdieron todo.

Curiosamente el jueves 21 de septiembre a mediodía nos cruzamos con los expertos alemanes en estructuras dañadas por los sismos (no era del todo un rumor). Cuatro ingenieros alemanes, acompañados de cinco funcionarios de Protección Civil, tres traductores, dos de seguridad privada y otros personajes, estaban evaluando la estructura de un hotel de cinco estrellas. Les preguntamos que hacia la cooperación alemana revisando un negocio de una cadena trasnacional, cuando en ese mismo barrio, la Juárez, había decenas de edificios que esperaban un dictamen de su estado estructural. Los funcionarios locales nos decían que después irían a revisar una unidad habitacional. En cambio, un experto alemán nos confesó que a ellos siempre les pasa lo mismo, que su gobierno los envía a labores de apoyo en situaciones de emergencia, pero que siempre terminan revisando hoteles de lujo y casas de ricos. No deja de sorprender que a dos días del sismo el gobierno local privilegiara la revisión de un negocio privado trasnacional, en lugar de aprovechar la cooperación internacional en la revisión de centenas de edificios dañados en los barrios centrales.

A una semana del sismo, el gobierno local anunció algunas medidas y la creación de una comisión que hará un programa de reconstrucción. En lugares públicos se instalaron centros de atención para que los ciudadanos acudan a pedir dictámenes de sus inmuebles, ayudas para renta, solicitar la reposición de documentos perdidos, etcétera. La estrategia es clara: atención individualizada. Frente a ello, colectivos de vecinos de los barrios centrales se (re)organizan para demandar una atención colectiva, pública y transparente; y una reconstrucción habitacional y regeneración urbana incluyentes.

Víctor Delgadillo es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.