La reconstrucción
Es necesario que en Cataluña haya respeto a las leyes, que todos tengan voz y que se materialice el valor para defender ideas que han sido estigmatizadas. No debe volver a suceder que desde fuera de la ley se imponga un modelo a todos
La mayoría de nosotros estamos viviendo la situación de Cataluña como una pesadilla de la que queremos despertar. Tras el referéndum ilegal y fraudulento del 1 de octubre, se avecina una declaración de independencia. Confío en la acción del Estado y en la fortaleza de la democracia española. La pesadilla terminará algún día y sus responsables rendirán cuentas. Entonces podremos ponernos en marcha con la reconstrucción.
Hay muchas propuestas y buenos deseos. Se invoca el federalismo, se proponen reformas constitucionales, se proyectan leyes de claridad a la canadiense. Todo esto me parece un poco ingenuo y precipitado. Para empezar, no sabemos ni cuál será el panorama político. Cuando el golpe fracase y se apliquen las medidas penales a los responsables, el equilibrio de partidos cambiará en Cataluña. Pueden ocurrir tantas cosas que no vale la pena ni enumerarlas: tardamos menos en esperar y ver.
Casi todas las propuestas que se plantean para el 2 de octubre tienen un grave problema: ignoran el ambiente que ha hecho posible la situación que ahora vivimos. A día de hoy, en Cataluña, la verdad y la mentira se confunden como en el Reino Unido previo al referéndum del Brexit o como en Estados Unidos antes de la victoria de Donald Trump. Igual que en estos dos países, la xenofobia se pasea orgullosa por el espacio público, con menos oposición aquí que en los países anglosajones. La democracia ha dejado de ser un régimen de convivencia de los diferentes: ahora sirve para justificar que unos pocos se apropien de los derechos de todos ignorando por completo las leyes. Todo esto se ha acelerado en relativamente poco tiempo, pero no ha salido de la nada.
El realismo es esencial en política. Tengo mis ideas sobre el nacionalismo y sobre la organización territorial del Estado, las defiendo y las defenderé, pero no tengo problema en aceptar algo de frustración: en una sociedad plural hay que saber renunciar a parte de tus principios por el bien de la convivencia. ¿Cómo no voy a creer en el diálogo si soy eurodiputada? En Bruselas se habla con todos y acerca de todo. Lo que ocurre es que Cataluña no es Bruselas. Algunas ideas y posiciones han sido marginadas, estigmatizadas y hasta perseguidas. No han desaparecido, pero han quedado silenciadas, recluidas, mientras otras, las de los nacionalistas, se enseñorean.
Antes o después habrá que empezar a construir un espacio común que refleje el pluralismo
Antes o después habrá que empezar a construir un espacio común en Cataluña que refleje el pluralismo de la sociedad, que visibilice todas las ideas, todas las posiciones, que permita a los ciudadanos escuchar los argumentos de todos, y no sólo los de los mismos de siempre. Un espacio así no evitaría que se dijeran mentiras, pero sí haría más difícil que prosperaran. En un espacio así, la negociación y el diálogo serían justos y equilibrados. De hecho, cuando no se dan estas condiciones no hay negociación: hay chantaje.
En Cataluña se ha dicho que un referéndum que excluye a la inmensa mayoría de los españoles es democrático. En Cataluña siguen siendo públicos los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia, un repugnante texto supremacista. En Cataluña se ha dicho que tras la independencia unilateral, la UE la recibirá con los brazos abiertos. Y el problema no es que se diga, sino que la respuesta apenas se escuche, que se normalice la xenofobia, que la verdad no se diferencie de la mentira.
Por eso me parece positiva la publicación de manifiestos y posicionamientos de intelectuales de izquierdas contra el referéndum. La izquierda ha olvidado durante demasiado tiempo la importancia de ese espacio común y, convencida de que lo progresista es subirse al carro identitario, parecía más preocupada por obtener el sello de catalanidad que otorgan los nacionalistas que por defender la igualdad de todos los ciudadanos. Lástima que hayamos tenido que llegar hasta aquí para que algunos espabilen, pero, sea como sea, veo una oportunidad para que el constitucionalismo recupere su espacio en Cataluña.
La reconstrucción no es cosa sólo de los partidos políticos. Medios de comunicación, agentes sociales, asociaciones de todo tipo… toda la sociedad catalana debe reflexionar sobre lo ocurrido y contribuir en la tarea. Y no sólo la catalana: es hora de revisar nuestra relación con el nacionalismo, que es tanto como decir los valores de nuestra democracia. El imperio de la ley no es un fetiche, sino la única garantía de la libertad y de la igualdad: fuera de él sólo hay tiranía. ¿Cómo es posible que al explicar esto te puedan llamar fascista? Creo que se debe, en parte, a cierta dejadez; y, en parte, a que se ha silenciado, al menos en Cataluña, al que lo ha sostenido.
El espacio público del que hablo es el lugar en el que se produce el debate de ideas. Está hecho pedazos, y a la hora de recomponerlo será imprescindible asegurarnos de que no es posible manipular a los medios de comunicación como han hecho los nacionalistas hasta la fecha. Harán falta voluntad política y recursos para evitar el monopolio informativo del que han dispuesto. También será necesario cierto examen de conciencia: qué papel ha tenido cada uno en la exclusión de ciertas ideas o incluso en resultar simpático a los señoritos de la finca.
Respeto a las leyes, voz para todos y valor para defender ideas que han sido estigmatizadas: esto es para mí la reconstrucción. Sentadas estas bases, podremos hablar de competencias, de reformas, de acuerdos. Insisto, yo tengo mis posiciones y no creo que todas valgan lo mismo, pero todos tendremos que estar dispuestos a ceder en algo. Lo que no puede volver a ocurrir es que unos gobernantes y partidos fuera de la ley traten de imponerse al conjunto de los catalanes y de los españoles. Es decir, que se pretenda que algunos cedamos en todo y otros en nada.
Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).
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