No hay un camino para el diálogo en Cataluña

Lo que estamos viendo en los últimos tiempos tiene menos que ver con una demanda soberanista y más con un problema de libertades individuales y derechos fundamentales, que afecta a los valores que rigen en una sociedad democrática.” Estas palabras forman parte de la solemne comparecencia del presidente Rajoy el pasado 7 de septiembre, apenas unos días antes de ordenar la suspensión de facto de la autonomía en Cataluña desde el ministerio de Hacienda, instar a la Fiscalía a imputar a 700 alcaldes, registrar empresas e incautar material electoral y de que el juez detuviera a altos cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña. Llegados a este punto tanto el Gobierno de España como el Govern de Cataluña saben perfectamente que el 1 de octubre ni se habrá resuelto el problema de la estructura territorial de España ni se habrán sentado los cimientos para la proclamación de la República catalana.

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Desde 2006, el PP se ha aplicado bien en conseguir este resultado. Seguramente desde hace años creen que arrojar gasolina a la crisis territorial es su mejor salvoconducto para recuperar las mayorías electorales amenazadas por la corrupción. Veremos cómo les sale porque algo parecido hizo CDC con las legítimas aspiraciones de cientos de miles de catalanes y no creo que hoy puedan hacer buen balance de lo conseguido. Al PP, privar a la España contemporánea de una norma consensuada sobre la estructura territorial del país y su financiación lo mismo le ha servido para suspender fácticamente la autonomía de Cataluña sin someterse a legalidad alguna, como ha defendido el profesor Pérez Royo, que para lograr que el PNV le entregue el Gobierno a cambio de 4.000 millones de euros. Sin debate y compromiso democrático no hay más criterio que la fuerza.

Mientras tanto, una aplastante mayoría de catalanes (70-80%) quiere decidir libremente su encaje o desencaje territorial en España y se mire por donde se mire, esta aspiración trasciende cualquier instrumentalización que de ella hayan hecho los que no han tenido más patria que el dinero. Con independencia del concepto de soberanía que queramos manejar y sus sujetos, resulta indefendible que el Gobierno de España no sea el actor más comprometido con la expresión democrática de la voluntad popular, en este caso el pueblo de Cataluña. Aunque sea de manera consultiva. Aunque sea coralmente con el resto de los pueblos de España. Aunque sea como primer paso para iniciar el tantas veces aplazado debate sobre nuestra identidad como nación y como pueblo.

El camino recorrido por independentistas y no independentistas para que el pueblo catalán pueda expresarse libremente en referéndum el 1 de octubre ya se ha malogrado porque para que la voluntad popular hable en referéndum es imprescindible que pueda hacerlo con seguridad jurídica y libertad. De eso ya no queda ni rastro en Cataluña. Ni la forma en que se tramitó Ley del Referéndum, primero, ni la cadena detenciones, suspensiones, querellas, denuncias, registros e incautaciones ordenadas por el Gobierno de Rajoy, después, permiten hablar de condiciones para la libre expresión de la voluntad del pueblo. En mi opinión, la mayoría de la gente en el conjunto de España desea que Cataluña siga formando parte de nuestro país, pero no así, no de esta manera.

Toca pensar en la salida y a estas alturas ya solo queda una: abrir la senda que permita llegar a un referéndum pactado entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España. Este camino hoy es más largo que hace un año, más largo y más sinuoso de lo nos gustaría. Requiere otro gobierno en España y un compromiso político honesto de las fuerzas políticas con el pueblo catalán y con el pueblo español. Se llama cambio constitucional y solo lograremos llevarlo a cabo si nos convencemos como pueblo de que somos capaces de poner en pie otro modelo productivo, otro mercado laboral, otra estructura territorial, otro modelo energético y ambiental y otra institucionalidad más justa, más democrática y más parecida a la España que somos que a la que fuimos. En este camino no sobra nadie, nos necesitamos todas y todos, sin detenciones, sin inhabilitaciones y sin multas.

Ayer vino a mi cabeza la vieja parábola del rey Salomón. Recordé cómo la verdadera madre renunció a su hijo vivo, renunció a pesar de que era su derecho, porque entendió que las consecuencias de no hacerlo eran peores que las de reclamarlo y fue así que después el sabio rey, actuando en nombre del pueblo, se lo restituyó. Alguien debería ceder para evitar males aún mayores porque no hay camino para el diálogo en Cataluña: el diálogo es el camino.

Carolina Bescansa es fundadora de Podemos y diputada del grupo parlamentario UP-ECP-EM.