Nueva financiación

El diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica es, desde hace tiempo, una exigencia ampliamente aceptada. Las comunidades son piezas centrales en nuestro ordenamiento constitucional, llevan a cabo más de una tercera parte del gasto final total y mantienen a más de la mitad del personal público. La gestión de muchos servicios, en especial aquellos más expresivos del bienestar, como la sanidad, la educación o la dependencia, las convierten en la principal manifestación de los avances en la prosperidad, en el reflejo de gran parte de los resultados de la actividad política.

Una significación y trascendencia tal no se corresponde con las insuficiencias del sistema de financiación, con la improvisación con que se han ido tratando de cubrir los problemas. Los sucesivos parches han aumentado la autonomía tributaria de las comunidades y generado una complejidad del sistema que no ha resuelto los verdaderos problemas de suficiencia y de asignación de los recursos. Los principios básicos de equidad y eficiencia, o la propia responsabilidad fiscal de esas Administraciones, han quedado hipotecados. La sensación de agravio, incluso de enfrentamiento entre autonomías, ya fuera por la suficiencia de prestaciones o la imposición fiscal relativa, ha sido una constante. La crisis reciente demostró que el modelo en vigor tampoco garantizaba la existencia de mecanismos de estabilización frente a choques como el sufrido a partir de 2008.

Por eso fue una buena iniciativa de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 17 de enero de tratar de aportar un diagnóstico y un esquema de propuestas amparadas en el máximo de rigor técnico, al margen de las tensiones propias de los políticos regionales. El informe generado por la correspondiente comisión de expertos el pasado julio mejora la situación precedente. Trata de simplificar el modelo desde los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. La solidaridad interregional es, por tanto, el pilar básico del mismo. Pero no suficiente.

Es necesario además, como se deduce del informe, una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal. Y todo ello sobre la base de la mayor simplicidad posible, de la reducción de los numerosos fondos de compensación que vician en muchos casos el sistema de asignación.

Si reducir la complejidad y aumentar la transparencia son condiciones para la asunción de los ciudadanos del sistema de descentralización política existente, el principio de solidaridad debe ser la pieza central del sistema. En un país con desigualdades económicas todavía muy acusadas es necesario que la condición de ciudadano vaya estrechamente asociada a la equidad en el acceso a los servicios públicos básicos. En la magnitud de esa solidaridad no es el juicio de los expertos el que solo debe contar, sino un verdadero acuerdo político. Del mismo dependerá la justificación de la descentralización, de las aspiraciones de formalizar un Estado federal. Concretar el calendario prometido por el Gobierno sería hoy una respuesta importante en la disposición de una visión de convivencia a largo plazo en nuestro país.