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La hidroeléctrica que amenaza a 5.000 indígenas bolivianos

El proyecto Bala-Chepete desplazará a las comunidades nativas y puede acabar con el sueño de desarrollo del turismo ecocomunitario de la zona

Dos embarcaciones navegan río Beni arriba desde Rurrenabaque, Bolivia. Ver fotogalería
Dos embarcaciones navegan río Beni arriba desde Rurrenabaque, Bolivia.

Entre las dos casas de la familia Nay Vargas hay 45 minutos de navegación río Beni arriba. Una se encuentra en Rurrenabaque y otra en la comunidad tacana de San Miguel del Bala. La primera está en la ciudad, con servicios comerciales, médicos y de transporte accesibles, mientras que la otra está casi a la puerta del Parque Nacional Madidi, uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Allí cocinan con leña en el terreno alrededor de la casa de madera, donde crecen los cítricos y siembran otros cultivos como la yuca o la caña de azúcar. Es su hábitat; así lo defienden sus habitantes cuando hablan de las consecuencias del proyecto hidroeléctrico Bala-Chepete, llamado a ser parte fundamental de la conversión de Bolivia en “el corazón energético de Sudamérica” con la construcción de dos represas en plena Amazonía.

Camila Nay Vargas no concibe su vida lejos. “No es mi hábitat. No viviría muy feliz”, dice. Es una de las 12 hijas e hijos que tienen doña Benita y don Alfredo, indígenas tacanas de la comunidad de San Miguel. Tiene 19 años, estudia Turismo en la sede universitaria de Rurrenabaque y trabaja en la empresa comunitaria de San Miguel del Bala. Los indígenas involucrados en el ecoturismo están entre los primeros que entraron en alerta por el proyecto hidroeléctrico, una megaobra cuyo coste se cifra en casi 7.100 millones de euros en diversos documentos de estudio previo elaborados por empresa italiana Geodata a petición de la estatal de energía ENDE. El proyecto, cuyas obras comenzarían en 2018, prevé la construcción de dos represas que inundarían 661,9 kilómetros cuadrados, una extensión algo más grande que todo el municipio de Madrid. Entre afectados directos —los que viven en zonas que se prevé inundar— e indirectos —quienes habitan áreas colindantes a los embalses—, la construcción de ambas represas implicaría el desplazamiento forzoso de más de 5.000 personas. El segundo embalse —creado por una represa un par de kilómetros río abajo del angosto del Bala— inundaría la comunidad de San Miguel, según su ficha ambiental, sin que se conozcan los planes para reubicar a sus 251 habitantes censados en 2012.

La comunidad se encuentra muy cerca de la entrada al Parque Nacional Madidi, una de las áreas de mayor biodiversidad del mundo, donde están presentes el 9% de las especies de aves del planeta. Según el estudio Identidad Madidi, se estiman alrededor de 8.000 especies de plantas vasculares y al menos 2.100 de vertebrados. Algunas de ellas, como el venado andino o el jaguar, están amenazadas a nivel continental.

A pesar de ello, la afluencia de turistas es relativamente modesta. En 2016, un total de 6.957 personas entraron en el Parque Nacional, según datos proporcionados por su dirección. De ellos, 6.125 fueron extranjeros. En los últimos años, la cifra ha oscilado entre los 8.518 visitantes de 2013 y los 5.334 de 2009, aunque el gasto por persona y día es más alto que en otras zonas del país, acercándose a los 100 euros.

El proyecto hidroeléctrico supondría la creación de dos embalses de un área mayor que el municipio de Madrid en plena Amazonía boliviana, una obra de 7.100 millones de euros que desplazaría a al menos 5.000 personas

Valentín Luna es el gerente de la empresa comunitaria donde trabaja Camila y ejerce como presidente de la Mancomunidad de comunidades del Río Beni y Quiquibey, formada por 17 comunidades indígenas y un pueblo en el entorno de influencia directa del proyecto de embalse de El Bala. Explica que, desde la creación de las áreas protegidas del Parque Nacional Madidi y la reserva de la biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas entre 1992 y 1997, las comunidades han hecho un esfuerzo por realizar actividades de turismo y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. “Lo que aparece estos últimos años como una amenaza para nosotros es la construcción de la represa del Bala, justamente para generar y exportar energía al Brasil”, dice.

Alfredo Nay, el padre de Camilia, resume las dificultades de ese periodo, donde las medidas de protección no siempre fueron acompañados de información previa adecuada a las comunidades: “Por ahí se decreta [la creación del Parque Nacional] y nos ponen guardaparques por donde nosotros no podemos ingresar”. Para entonces algunos de sus paisanos ya trabajaban como guías en las primeras empresas privadas de turismo radicadas en Rurrenabaque y esa actividad apareció como una alternativa de desarrollo local. En 2005 terminaron la construcción de su primer ecoalbergue y comenzó la actividad de turística de la empresa comunitaria, con el apoyo de la ONG Conservación Internacional.

Antes de eso, ya con el Parque nacional creado, los habitantes de San Miguel accedieron al servicio de agua corriente con la ayuda de la ONG Care Bolivia a condición de agrupar sus viviendas, hasta entonces dispersas. La casa de don Alfredo, que no se agrupó, accedió al servicio años más tarde, mientras que ahora la mayor parte de las viviendas se sitúan en torno a una plaza central donde también hay tres construcciones que sirven de aulas para el colegio de primaria.

Norman Valdés, un guía que suele trabajar en Madidi y en la Pampa de Yacuma, indígena originario de San José de Uchupiamonas, explica que las actividades turísticas implicaron una profunda transformación en comunidades como la suya, solo accesible desde Rurrenabaque tras nueve horas de navegación por los ríos Beni y Tuichi o por una pista forestal de 33 kilómetros desde la carretera más cercana.

A raíz de la creación de Chalalán a mitad de los noventa —considerada la empresa de turismo comunitaria pionera de la zona, radicada en San José— se moderaron las actividades de caza y tala de árboles y empezaron a ver la naturaleza como “un socio”. Paralelamente a la formación de muchos miembros de la comunidad como guías, cocineros o administradores creció la agricultura, se redujo la caza e incluso cambió la dieta.

Cuando comenzó el proyecto “pro Chan”, un estudio decía que el 80% de la carne que se consumía en la comunidad provenía de la caza, un porcentaje que se ha reducido al 20% o 25% gracias al aumento de los cultivos y el ganado, sostiene Norman. “Ya no es necesario que el desayuno sea un pedazo de carne con arroz y yuca, sino que empieza a variar, a ser un buen menú”, dice. Además de fortalecer las economías locales a través de los salarios, las empresas comunitarias dedican una parte de sus beneficios directamente a proyectos en los pueblos.

Paralelamente al inicio de las actividades de turismo comunitario, se moderaron las actividades de caza y tala de árboles y los pobladores empezaron a ver la naturaleza como “un socio”

Quienes construyeron el sector hace más de 20 años temen las represas sobre todo porque El Bala se construiría entre Rurrenabaque y el río Tuichi, donde se encuentran la mayoría de los albergues. Aunque los documentos del estudio de identificación y las fichas ambientales prevén la construcción de esclusas para permitir el tránsito, pocos se fían de su eficacia y todos temen por su impacto estético. “El turista no va a venir a contemplar un lago artificial”, apunta Luna.

Cortar el caudal del río también afectaría a la agricultura, que aprovecha las inundaciones periódicas de las tierras ribereñas para renovar la fertilidad del suelo gracias a los sedimentos depositados. Aunque el proyecto de Geodata contempla la construcción de una “escalera de peces”, los pobladores piensan que también afectaría a la pesca de especies migratorias como el bagre o el pacú, que llegan de río arriba. Solo la construcción del Chepete, 50 kilómetros río arriba del angosto del Bala, haría uniforme el cauce del río, mientras que la ausencia de sedimento lo volvería más erosivo y modificaría todo el ecosistema río abajo, advierte el ingeniero hidráulico Jorge Molina, de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz.

El río es la vía de comunicación histórica y presente entre los pueblos ribereños. En el área de influencia de las represas proyectadas se encuentran los territorios originarios de indígenas lecos, mosetenes, tacanas, uchupiamonas, chimanes y ese ejas, explica Álex Villca, socio de una empresa turística de la comunidad de San José donde trabaja Norman Valdés. Solo con la construcción de la represa del Chepete, cuyo inicio de obras se prevé para el próximo año, habría que desplazar a 3.974 personas. Todas las áreas pobladas a las que afectaría el segundo embalse, siempre según Geodata, son terrenos de titulación colectiva que pertenecen a los indígenas tacanas, lecos y mosetenes. En noviembre del año pasado, las comunidades hicieron una vigilia de varios días en el angosto del Bala para evitar la entrada de maquinaria, víveres y combustibles e impedir así que siguiera adelante el estudio geológico para las obras.

Tras las fichas ambientales —públicas— y el estudio integral de impacto ambiental —declarado confidencial—, necesarias para obtener una licencia ambiental, la empresa italiana está haciendo el estudio a diseño final, que debe estar listo este año. Aunque los lugareños lograron su objetivo en noviembre, volvieron a denunciar la entrada de maquinaria vinculada al estudio recientemente, mientras critican que el Gobierno no está cumpliendo con el derecho de consulta libre e informada que tienen los pueblos indígenas ante proyectos de explotación de recursos en sus territorios, establecido en la Constitución.

Villca se muestra muy preocupado por el desplazamiento de personas que generaría la hidroeléctrica. “Definitivamente vamos a tener que salir a otros lugares en los que, con el tiempo, tendemos a desaparecer, a mezclarnos con otras culturas y perder nuestra esencia como pueblos indígenas”, afirma. También menciona otros peligros relacionados con la construcción de carreteras para posibilitar la obra. Esos caminos, advierte, “van a traer gente buscando madera, recursos minerales, gente con prácticas de caza y de pesca furtiva, ilegal”.

El proyecto suscita también dudas sobre su viabilidad y rentabilidad económica entre quienes han estudiado la información disponible. Una de esas personas es Pablo Solón, director de la Fundación Solón, que se encarga de la difusión de la obra de su padre —el pintor Walter Solón— y a temas ambientales.

Además de la envergadura de la inversión —alrededor del 23,5% del PIB de Bolivia—, Solón cuestiona la rentabilidad del proyecto al revisar los costes de la energía. En la evaluación económica y financiera del Estudio de Identificación —un documento confidencial obtenido por su fundación—, se calculan los gastos de construcción, financieros y operacionales a 50 años vista. Ese documento concluye que el coste de la energía en El Bala, con una potencia instalada de 425 megavatios, es de 79,5 dólares por megavatio. Un cálculo similar arroja un coste de 54,8 dólares para el Chepete, que tendría una potencia instalada de 3.251 megavatios.

En una nota de prensa publicada el 27 de octubre de 2016, el entonces ministro de Hidrocarburos y Energía Luis Alberto Sánchez admitió que “el precio de compra en Brasil por generación de hidroeléctricas entre el 2005 a 2016 tiene un precio de 52 dólares por megavatio/hora”. Al mismo tiempo, sostenía que los cálculos de rentabilidad cuentan con vender la energía de 70 dólares el megavatio/hora, sin datos claros que sustenten esa proyección. Ni el ministerio de Energías ni el de Medio Ambiente y Agua quisieron dar su versión para este reportaje alegando problemas de agenda.

La idea de aprovechar el elevado caudal del río Beni para la generación de energía eléctrica es un viejo proyecto de gobiernos bolivianos de todo signo y el primer estudio de viabilidad data de 1955. El Gobierno de Morales lo decretó de prioridad e interés nacional en 2007, sólo un año y medio después de asumir el poder. La capacidad instalada de Bolivia ya excede el consumo eléctrico interno y no hay proyecciones que muestren la necesidad de construir obras de envergadura para el abastecimiento nacional. Por el contrario, la construcción del sistema hidroeléctrico Bala-Chepete es un proyecto emblemático del Gobierno para convertir a Bolivia en un centro exportador de energía al resto de Sudamérica. La energía generada con esta hidroeléctrica tendría por destino el mercado brasileño, según han declarado siempre las autoridades competentes y a pesar de que no existe todavía un acuerdo oficial entre los países. Con el fomento de nuevas megaobras —de las que esta es, junto a Rositas en la cuenca del Río Grande, la más importante en generación de energía— y el cambio de matriz energética, el Gobierno boliviano pretende encontrar una vía de entrada de divisas al país que compense la caída de precios del gas natural, principal exportación de Bolivia destinada a Brasil y Argentina. Actualmente Bolivia trabaja en diversos acuerdos bilaterales con Argentina, Brasil, Perú y Paraguay para avanzar en la interconexión de sus sistemas eléctricos con el objetivo de exportar electricidad a sus países vecinos.

A pesar de que incluso Geodata recomienda “aplazar” el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala “hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha”, las autoridades competentes no han descartado construir esa segunda represa. Simplemente sostienen que la prioridad es el Chepete e insisten en que la construcción del segundo componente no comenzaría hasta dentro de al menos quince años.

A Álex Villca la dudosa rentabilidad de ambos componentes le ocasiona un miedo adicional: que los diseños finales puedan ser obras aún más grandes y tengan mayores consecuencias medioambientales. Está convencido de que la construcción del proyecto Bala-Chepete sería el fin del turismo que se desarrolla ahora, pero sugiere que con los años podrían llegar visitantes para ver los restos de “un desastre ambiental y sociocultural”. “Eso es algo que en turismo se llama turismo negro”, explica. “Ahora estamos viviendo el boom de un turismo verde, ecológico. Quizás esto nos lleve del turismo verde al turismo negro", ironiza.

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