Laudo aeroportuario

La decisión de abrir el proceso para que un árbitro dicte un laudo obligatorio en el conflicto entre los trabajadores de Eulen (una proveedora de AENA) con su empresa en el aeropuerto de El Prat, adoptada ayer en Consejo de Ministros extraordinario, es adecuada.

Lo es porque pese a las sustanciales concesiones salariales tras la mediación de la Generalitat, y la intervención tutelar de la Guardia Civil para garantizar los servicios mínimos decretados por el Gobierno, la aproximación ha resultado imposible.

Así que dado que se trata de un sector muy sensible como la seguridad aeroportuaria; de un momento en que se arriesga la paralización del tráfico turístico tan decisivo para la economía; y de un impacto social notorio para los trabajadores en periodo vacacional, la salida arbitral aparece como razonada y razonable.

Eso no excluye que sea jurídicamente discutible. Es cierto que, como alude la plantilla, se cumplen los servicios mínimos y la seguridad está garantizada, por lo que podría cuestionarse la procedencia de un arbitraje obligatorio. Pero todavía lo es más que esa relativa normalización se debe a las medidas extraordinarias oficialmente adoptadas. Estas no deben prolongarse más de lo indispensable.

Que la reivindicación laboral pueda considerarse exorbitante y que la necesidad del laudo sea plausible no impide recordar que la posición de AENA resulta cuestionable. Hasta el último minuto no intervino para tratar de facilitar una salida, cuando, como se ha visto, ya era tarde.

La responsabilidad de una empresa pública no es ejercer la beneficencia. Pero mucho menos externalizar parte de su servicio, quizá más para abaratarlo que para dotarlo de mayor calidad. Si se trata solo de reducir costes laborales (en realidad, ya propios de sobreexplotación), ¿por qué razón el gestor debería seguir siendo público? El sector privado es más ducho en reducirlos a su mínima expresión.