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Solución para El Prat

La presencia de la Guardia Civil evitará el caos, pero la negociación es vital

Filas en El Prat, vigiladas por la Guardia Civil
Filas en El Prat, vigiladas por la Guardia Civil

La huelga de los trabajadores de Eulen, encargados de vigilar los controles de los accesos de embarque en el aeropuerto barcelonés de El Prat, no tiene visos de resolverse mediante un acuerdo entre las partes, ni siquiera con la intervención de un mediador. La asamblea de trabajadores rechazó la propuesta de acuerdo del departamento de trabajo de la Generalitat (aumento de 200 euros por 12 pagas, más ampliación de personal y elevar la equidad salarial), de forma que el Ministerio de Fomento ha tomado la decisión, después de un acelerado gabinete de crisis, de aumentar la presencia de la Guardia Civil en la supervisión de las filas y las tareas de seguridad en el aeropuerto, sin reemplazar a los trabajadores de Eulen. Hay que garantizar la seguridad de los viajeros y evitar un colapso en un periodo de tráfico aéreo intenso.

La situación de huelga, en la que los viajeros se convierten en rehenes virtuales de una negociación, podría haberse evitado; pero llegados a este punto, las consideraciones de seguridad pasan a ocupar un primer plano. Aunque las negociaciones continúen y se ponga en marcha un laudo, no es aceptable reducir la seguridad por una huelga ni perjudicar gravemente a los viajeros, hastiados de esperas y angustiados por perder sus vuelos. La decisión de Íñigo de la Serna responde a la gravedad de la situación, actual y potencial. A nadie puede extrañar que aumente la presencia de la Guardia Civil en una situación excepcional cuando el instituto armado tiene encomendada la seguridad en los controles.

Pero una cosa es atajar el problema inmediato de colapso potencial de un aeropuerto tan importante como El Prat (este fin de semana están previstos unos 4.000 vuelos) y otra muy distinta es olvidar que la negociación tiene que continuar o que la causa última del conflicto está en las condiciones de contratación. El Gobierno, las empresas públicas o semipúblicas y todas las Administraciones tienen que acabar con las licitaciones a la baja, en las cuales las empresas subcontratadas hunden los precios (no es necesario que la baja sea temeraria; basta con que sirva para conseguir el contrato) y compensan el menor ingreso con reducciones salariales, contratación precaria o escasez de personal.

Este tipo de licitaciones es una fuente inagotable de conflictividad laboral. Para acabar con el problema no es necesario un cambio legal drástico; basta con que la Administración contratante exija a la empresa contratada el mantenimiento de los salarios y exija la dotación del personal necesaria.

El ministro ha prometido que en el futuro se impondrán estas exigencias; una promesa que viene haciéndose desde tiempo atrás sin que hasta ahora se haya hecho realidad. Fomento debería darse prisa en cumplirla, porque el conflicto de El Prat amenaza con extenderse a otros aeropuertos y a trabajadores no subcontratados. Antes que un problema de seguridad, en el que desdichadamente se ha convertido, era un problema de precariedad al que no se prestó atención. Y si no ha podido resolverse con rapidez es porque ha estado mal gestionado y porque los empleados de Eulen han rechazado, quizá sin la adecuada reflexión, la oferta de la Generalitat que, sin llegar al máximo, resultaba razonable.

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