Aeropuerto paralizado

En el conflicto laboral de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat con el contratista Eulen, AENA ha hecho bien en involucrarse para mediar y tratar de encontrar una solución al conflicto. Tal vez si lo hubiera hecho antes podría haber evitado el enconamiento. Eso no significa que siempre haya que apaciguar con mejoras a los sectores laborales que disponen de posiciones negociadoras fuertes a costa de los consumidores. Pero sí que las empresas públicas deben exhibir un plus de responsabilidad.

Los servicios de seguridad, que estaban externalizados a Prosegur, se concedieron a otra empresa, Eulen, que asumió parte del personal. Y dispensó unas condiciones laborales precarias, peores que las que ofrecía su antecesora: en número de trabajadores, inferior al necesario, y en sueldos, en la raya del mileurismo. Como las privadas, las empresas de capital público deben tratar de ser rentables, pero no a cualquier precio, sobre todo si además gestionan un monopolio. En puridad, el gestor aeroportuario es ajeno a las relaciones laborales entre Eulen y sus trabajadores, pero hace bien AENA en tratar de ayudar a buscar un acuerdo y en sancionar al contratista si no cumple con sus condiciones.

Tras una muy criticable huelga de celo del personal de Eulen, cuyo objetivo prioritario era provocar colas, este convocó una huelga en toda regla para los fines de semana, e indefinida a partir del día 14, el periodo más delicado del ya difícil mes de agosto. El episodio de este conflicto laboral se suma a otros, como los de los taxistas y otros cuerpos de servicios del mismo aeropuerto que tienden a convertir a El Prat, la instalación que mejores resultados ha obtenido en los últimos años, en una fuente de malas noticias para el turismo interno y exterior. Si la impaciencia de unos y la torpeza de otros acaban matando a la gallina de los huevos de oro de la primera industria nacional, todos lo lamentarán.