Matonismo ruinoso

La insensata multiplicación de actos vandálicos, algunos de ellos de carácter muy grave, contra los turistas en Cataluña, Valencia y Baleares, requiere una respuesta contundente de los partidos políticos y de los responsables públicos. Los actos de intimidación contra los turistas en Barcelona o los ataques a siete hoteles de la capital catalana constituyen un ejercicio de matonismo inaceptable; la primera obligación de los Ayuntamientos implicados en esta campaña de violencia, desatada contra los supuestos excesos de la afluencia turística, debe ser la de cortar de raíz el fenómeno, actuar con firmeza con medidas administrativas y de seguridad y, por supuesto, participar activamente en las denuncias que presenten las empresas afectadas.

No es casual que el matonismo contra los turistas aflore cuando desde las instituciones catalanas más próximas al independentismo se practica un desprecio creciente por la ley, se cultiva el enfrentamiento entre legitimidades reales o ficticias y se proclama el cumplimiento de objetivos políticos —en este caso, la independencia— “a cualquier precio”. El desdén por la legalidad es el primer paso para dar por buenas la coacción y la violencia. El siguiente paso es la ruptura social. Los grupos responsables de la campaña violenta, denominados Arran Països Catalans, junto con otros grupúsculos adscritos a la izquierda anticapitalista, han tomado como bandera la protesta contra el turismo alentados probablemente por una atmósfera política caracterizada por el “todo vale”.

El turismo es una industria decisiva para la economía española (y más aún para la catalana). Representa más del 11% del PIB y sostiene el crecimiento (por encima del 3% anual) con un aumento persistente de la afluencia de visitantes y del gasto por turista (casi 38.000 millones durante el primer semestre).

El éxito turístico de un país depende de sus condiciones naturales y de la confianza que sea capaz de inspirar en los viajeros potenciales. Durante décadas, millones de turistas británicos, alemanes y franceses han depositado su confianza en la estabilidad política y social de España y en la calidad de sus estructuras de ocio. Pero esa credibilidad puede destruirse en muy poco tiempo si se extiende la idea de que aquí se recibe a los turistas con amenazas, intimidaciones y violencia directamente sobre sus personas. La industria turística de varios países ha pagado con la desaparición las consecuencias de la inestabilidad y el desorden en las calles. Así pues, está más que justificada la alarma de los empresarios turísticos, no sólo por la multiplicación de actos vandálicos sino por la indiferencia mostrada por las Administraciones públicas regionales.

El amedrentamiento y la violencia son rechazables por principio. Simplemente evidencian rabia, confusión e incompetencia. El tratamiento para reordenar el mercado turístico se conoce ya. Incluye una regulación racional de los servicios turísticos, la aprobación de impuestos selectivos y moderados que contribuyen a mejorar las infraestructuras públicas, campañas para diversificar la oferta (algo más que sol y playa) y actuar específicamente contra los efectos indeseados en algunos mercados, como el inmobiliario.

Nada puede justificar la proliferación del matonismo antiturístico. Hay que evitar que este tipo de vandalismo se extienda y genere justificaciones aberrantes, imbricadas con la política. Ayuntamientos y autonomías tienen que concertarse para eliminarlo, al margen de simpatías políticas o proximidades estratégicas. La violencia consentida puede arruinar una industria decisiva para la economía; además, destruye la confianza en la ley como principio de prosperidad.