Subir los salarios

La elevada tasa de crecimiento en el segundo trimestre del año, a un ritmo del 3,1% anual, y las excelentes estadísticas de la encuesta de población activa, EPA (el paro ha bajado de los cuatro millones tras una caída notable en el segundo trimestre en 340.700 personas) han disparado el optimismo del Gobierno y han confirmado que la economía recupera los niveles de crecimiento previos a la crisis. La evolución sigue una trayectoria firme —crecimientos superiores al 3%— y la recesión ha sido superada (aunque con casi 2 millones de empleos menos que en los años previos a la crisis), gracias a una ganancia intensa de productividad y al crecimiento espectacular de una modalidad del empleo que se caracteriza por salarios bajos y precariedad. El motor de este crecimiento es el turismo.

No hay pues milagro, ni factores ocultos ni una gestión política por encima de la media. La macroeconomía nos dice que la recesión está superada y sugiere que la economía, en fase de recuperación, mantendrá la tendencia a los salarios bajos y a los empleos precarios. La producción puede hacerse con dos millones de trabajadores menos que en 2008.

Pero a la satisfactoria evolución de la macroeconomía hay que añadir un factor más realista: la renta disponible, que mide aproximadamente el bienestar de los españoles, no recuperará los niveles previos a la crisis hasta la próxima década. Hay una desigualdad evidente en la salida de la recesión; no todos la han dejado atrás con la misma intensidad ni con igual rapidez.

Un bienestar económico más equilibrado exige una política económica cuyo objetivo sea la recuperación de las rentas salariales. El modelo de ajuste aplicado hasta hoy, basado en recortes de empleo o de salarios, está agotado. Es una evidencia en la que coinciden casi todas las instituciones económicas (empezando por el Banco de España). La economía necesita otra política de rentas, que impulse un crecimiento sostenido de los salarios y acabe con la pérdida intensa de poder adquisitivo de los asalariados.

Las cautelas que haya que imponer a ese crecimiento salarial son discutibles y negociables, desde admitirlo en los mercados o sectores que hayan recuperado los beneficios hasta relacionarlos en algunos casos con la productividad y otros con el IPC, allá donde la situación lo permita; pero no hay duda de que los salarios deben subir. Su participación en el PIB tiene que aumentar, por razones de estabilidad social y financiera: protección al desempleo, pensiones y salud fiscal.

La ruptura de la negociación entre empresarios y sindicatos es una mala noticia, incluso aunque la ruptura obedezca a motivos exclusivamente tácticos. El mercado de trabajo necesita ya un pacto para el nuevo rumbo en el que esté garantizada una recuperación de las retribuciones y el mantenimiento del poder adquisitivo. No debería ser un pacto difícil si se tiene en cuenta que la inflación está en niveles muy moderados. Por cierto, no es del todo exacto que el Gobierno no tenga nada que decir en las conversaciones sobre un pacto salarial. Aunque no intervenga en ellas, tiene muchos recursos para favorecerlas.