Podía, por ejemplo, haber dimitido

¿Acaso podía haber hecho otra cosa Mariano Rajoy en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga parte de la trama de corrupción política conocida como Gürtel? Sí, claro que sí. Podía, por ejemplo, haber presentado la dimisión como presidente del Gobierno antes de acudir a testificar. Era una opción digna de ser considerada, que el PP presentó como si fuera un disparate, pero que era perfectamente racional. Hay políticos en el ancho mundo que prefirieron proteger la dignidad de la institución que representaban, evitando que se sentara, con ellos, ante un tribunal.

En España se ha producido un verdadero sinsentido. Los miembros de un tribunal se estrujaron las meninges para encontrar la manera de proteger la dignidad de la Presidencia del Gobierno, cuando a quien ellos habían llamado a testificar era al presidente de un partido político acusado de financiarse durante décadas con una caja B. Así que finalmente el presidente del PP, que tenía que responder sobre sus actividades como dirigente popular durante casi 30 años, se sentó en un estrado especial y obtuvo por parte del presidente del tribunal un trato diferenciado que es imposible de explicar racionalmente. Porque si compareció ante ese tribunal quien es el presidente de Gobierno fue porque Mariano Rajoy así lo quiso: en su mano, y no en la del juez Hurtado, estaba haber protegido la dignidad de la institución, si tan preocupado estaba por ella. La inmovilidad de Rajoy, tan provechosa siempre para él, provocó la hiperactividad del juez e hizo recaer todo el coste de esa defensa en el propio tribunal, obligado a dar explicaciones.

De aberración en aberración, en España parece haberse convertido en una costumbre que quienes encarnan momentáneamente una institución se apropien de ella, de manera que no son ellos quienes tienen la obligación de defenderla y mantenerla al margen de cualquier sospecha, asumiendo responsabilidades políticas y dimitiendo si fuera preciso, sino la institución la que queda atrapada en esa persona y la que actúa como su escudo. Ha pasado con directores generales y ministros, con alcaldes, diputados y senadores. Acciones que deberían haber provocado indignación pública, por perjudicar a alguna de las organizaciones fundamentales del Estado, han pasado casi sin escándalo, hasta llegar a este último acto, con un debate centrado en lo que dijo o dejó de decir el presidente del Partido Popular y no en el hecho extraordinario de que quien encarna la presidencia del Gobierno de España, en activo, testifique en un caso de corrupción política en su propio partido.

Mariano Rajoy centró ese testimonio en una idea extraña: el Partido Popular es una cosa, y su presidente, otra que casi no tiene nada que ver con la primera. Los partidos políticos y su financiación son cosas ajenas entre sí, que discurren por caminos que jamás se cruzan. Fiel a su estrategia política, el presidente del Partido Popular parece haber pasado casi 30 años diciendo “preferiría no saberlo”. Quizás lo combinara con un “haga usted lo que tenga que hacer”, especie de salmodia muy frecuente entre políticos con experiencia.

Los únicos que podrían llegar a una conclusión distinta serían los propios jueces; desde luego, no la opinión pública, porque, afortunadamente para todos, la opinión pública no puede decidir cuándo se ha producido un delito. Eso no quiere decir que las opiniones colectivas de una sociedad no merezcan ser estudiadas y tenidas en cuenta. Por ejemplo, la que se ha formado sobre la extensión de la corrupción político-económica. Si no se ataja pronto, puede provocar una herida peligrosa: la que implica que si no te escandalizas por la corrupción, más tarde o más temprano, tú también serás un corrupto.