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La Unión Europea lucha contra los minerales de sangre

El fin de la impunidad de la financiación a grupos armados parece estar un poco más cerca

Mina de diamantes en Sierra Leona. Ampliar foto
Mina de diamantes en Sierra Leona.

En una sentencia histórica conocida el 20 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) condena a una empresa belga y a su filial centroafricana por el tráfico de diamantes que han servido para financiar a los grupos armados que luchan en la República Centroafricana. La Corte ha confirmado la decisión del Consejo de la UE de inmovilizar todos los activos financieros de las dos compañías y declarado ilegal hacer negocios con ellas. Es la primera vez que el alto tribunal europeo se pronuncia sobre los diamantes de sangre.

Esta resolución se suma a la iniciativa aprobada en mayo de 2017 por el Parlamento Europeo por la que impone controles obligatorios en el suministro de los minerales procedentes de países en conflictos a partir de enero de 2021. Parece que por fin, la Unión Europea empieza a tomarse en serio la lucha contra las materias primas que financian los conflictos, principalmente en África.

El caso juzgado por el TGUE viene de largo. En agosto de 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas colocó en la lista negra a Kardiam, una compañía belga con sede en Amberes, y a su filial centroafricana, Badica, el mayor comerciante de diamantes en la República Centroafricana, por violar la prohibición, impuestas en 2013, de negociar con estas piedras preciosas. Junto a ellas también incluyó el nombre de tres centroafricanos ligados al conflicto que vive el país, sobre los que imponía la prohibición de viajar y el embargo de todos sus bienes: Alfred Yekatom, un anti-Balaka que responde al nombre de Coronel Rambo, Habib Sousou, otro comandante anti-Balaka, y Oumar Younous, un antiguo general Seleka y traficante de diamantes.

Estas no eran las primeras sanciones impuestas por la ONU en este conflicto

Estas no eran las primeras sanciones impuestas por la ONU en este conflicto. En mayo de 2014, el expresidente François Bozizé, Nourredine Adam, uno de los fundadores de los Seleka, y Levy Yakete, de los anti-Balaka, fueron incorporados a la lista negra.

El actual conflicto de la República Centroafricana se inició en marzo de 2013, cuando miembros del grupo rebelde Seleka se apoderaron del poder con el apoyo de Chad y Sudán. El presidente François Bozizé, que había llegado a la jefatura del Estado unas décadas antes gracias a un golpe de Estado, huyó. Las milicias locales, conocidas como anti-Balaka, se organizaron para oponerse a los nuevos gobernantes y sus abusos sobre la población civil. Ya estaba servida una nueva guerra en una nación que desde su nacimiento las ha sufrido periódicamente. Otro conflicto que emplea a miles de niñas y niños como soldados.

En los últimos años, se han firmado varios tratados de alto el fuego y acuerdos de paz en la República Centroafricana. El más importante fue el de 2014 que permitió celebrar las elecciones en 2015 y 2016, que ganó el actual presidente, Faustin-Archange Touadéra. Sin embargo, eso no supuso el fin de la violencia en el país, sino que esta ha continuado y evolucionado con la incorporación de nuevos grupos armados (son 14 los oficialmente reconocidos) a la ya caótica situación reinante.

Estos grupos se financian con el tráfico de materias primas

Estos grupos, que en la actualidad luchan entre ellos por el control de las regiones más ricas en materias primas, se financian con el tráfico de estas. De ahí que el Consejo de Seguridad decidiese imponer sanciones a los principales responsables.

Tras la decisión de la ONU, Estados Unidos procedió de igual modo y también lo hizo la Unión Europea que embargó las cuentas que Kardiam y Badica tenían en su territorio. Las dos recurrieron la decisión ante el TGUE con la alegación de que no había pruebas de que sus actividades financiaran a los grupos armados.

Ahora, el Alto Tribunal europeo ha confirmado la decisión de la UE alegando que "al continuar comprando diamantes a los recolectores (mineros), Badica y Kardiam necesariamente brindaron apoyo a los grupos armados”. Estos diamantes fueron exportados fuera del país, acción que los cataloga como ilícitos al no respetar la prohibición de exportación establecida en el Proceso de Kimberley, un sistema de certificación de diamantes en bruto para asegurar que su comercialización no alimenta conflictos en los países de origen, que entró en vigor en 2002. Igualmente, la sentencia afirma que los pagos realizados por Badica directamente a los Selekas en concepto de tasas de seguridad y aterrizaje, sirvieron para financiar al grupo armado.

Esta sentencia es un punto de inflexión en la política mantenida hasta el momento por la Unión Europea

Esta sentencia es un punto de inflexión en la política mantenida hasta el momento por la Unión Europea y, como señalábamos, se une a la ley contra la importación de minerales de sangre. Documento que aunque represente un gran avance en esta lucha, presenta múltiples carencias, al decir de las ONG, que pueden influir en futuras sentencias, también.

La primera de ellas es que esta regulación se centra solo en las materias primas, no en los productos acabados. De esta forma, las empresas que manufacturen sus productos fuera de la UE podrán importar minerales de sangre si ya son parte de ese artículo acabado, como teléfonos móviles, por ejemplo. En este caso, la cantidad de minerales procedentes de países en conflicto que entre en la UE será desconocida y, por tanto, es una laguna que permitirá que todavía se financien conflictos armados. La Comisión Europea ha prometido que “presionará a los grandes fabricantes para que revelen detalles de los productos que podrían contener minerales procedentes de países en conflicto”. Pero está por ver la eficacia de esta declaración de buenas intenciones.

Otro punto débil es la exención que esta ley ofrece a los pequeños importadores, como dentistas o joyeros. Estos profesionales no estarán obligados a trazar el origen de los materiales que introduzcan en la EU, al considerarse el coste administrativo de esta actividad demasiado alto. “Estos umbrales de volumen que eximen a las empresas de cumplir con la legislación son peligrosas lagunas. Podrían dejar entrar minerales por valor de millones de euros en la Unión Europea libres de cualquier escrutinio”, declaró Nele Mayer, de Amnistía Internacional, cuando en marzo la ley se llevó ante el Parlamento.

Estos puntos demuestran que el alcance de esta nueva legislación será bastante corto al excluir gran número de empresas y artículos. Por ese motivo diversas organizaciones de la sociedad civil advierten desde hace tiempo que estas medidas no son suficientes y que no basta con fiscalizar solo las materias primas, sino que hay que ir mucho más allá. Opinan que para cubrir estas lagunas, el Ejecutivo de la UE debe poner en marcha un sistema de regulaciones voluntarias para las importaciones de productos manufacturados, como primer paso.

Finalmente, la ley también ha sido criticada por referirse solo a cuatro minerales (estaño, oro, tungsteno y tantalio), dejando fuera las importaciones de otros materiales que también está probado que financian conflictos armados como esmeraldas, carbón, cobre, jade, rubíes o, como en el caso de la República Centroafricana, los diamantes. La excusa, en este caso válida, para no incluir a estos es que su comercio ya está regulado por el Proceso de Kimberley.

En los últimos años, las justicias de Bélgica y Holanda han dado también pasos importantes para juzgar a nacionales suyos implicados en el comercio de materias primas que financian grupos armados. En mayo, un Tribunal de Apelaciones de Holanda condenaba a 19 años de prisión al comerciante maderero Guus Kouwenhoven por utilizar su negocio como tapadera para el contrabando de armas en África Occidental, al desafiar el embargo y las medidas impuestos por la ONU durante la guerra civil liberiana (1986-2003).

Igualmente, en 2015, un tribunal belga imputaba a Michel Desaedeleer, detenido en Málaga y extraditado a su país, por saqueo de diamantes de sangre y por esclavizar civiles para su obtención durante la guerra de Sierra Leona (1991-2002). Desafortunadamente, su muerte en prisión condujo al archivo de la causa.

No cabe duda de que, aunque todavía quede mucho por hacer en este campo, la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, se están tomando un poco más en serio la lucha contra el contrabando de los minerales de sangre.


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