Urge rectificar

A medida que avanza y se profundiza, la remodelación del Gobierno catalán se confirma como una depuración en toda regla. Como una purga de los dirigentes más apegados a la legalidad democrática y que, con razón, más dudas albergaban sobre el imposible buen fin de un objetivo tan descabellado como el de ir a una secesión unilateral, inédita en el mundo democrático, mediante un referéndum de autodeterminación ilegal sin garantías.

La sustitución de un prudente consejero de Interior, Jordi Jané, por un radical como es Joaquim Forn ha logrado ser empeorada en el siguiente escalón, la dirección de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica. Al acreditado defensor de la legalidad democrática Albert Batlle le ha reemplazado Pere Soler, cuyas manifestaciones públicas anteriores a la asunción del cargo —“espero que nos vayamos ya [de España], porque me dais pena todos los españoles”— revelan un nivel de autoritarismo y xenofobia inconcebible en quien dirigirá el cuerpo policial que garantiza los derechos y libertades de todos los catalanes.

Que el president Puigdemont no tenga pudor en alentar un cambio de tal calibre en la dirección de los Mossos deja bien claras sus intenciones. No se pretende mayor coherencia, ni la adhesión a un proyecto: se buscan conjurados para incumplir la ley, poner las instituciones de todos al servicio de unos y romper la convivencia. Es claro que Forn y Soler no aterrizan en el Govern para aportar más seguridad a las calles y garantizar los derechos de los ciudadanos. Sino para lo contrario. No llegan para dirigir a los Mossos, sino para forzar que, llegado el caso, incumplan su vocación de hacer respetar la vigente legalidad democrática, reiterada por sus representantes sindicales. No acuden a aliviar conflictos, sino a multiplicarlos; no a suturar fisuras, sino a agrandarlas. Para muchos ciudadanos de Cataluña no constituyen una garantía, sino un peligro.

También el nuevo consejero de la Presidencia, Jordi Turull, suma al fanatismo ideológico la imprudencia. Se estrenó ayer como portavoz fiándose al secretismo en la compra de urnas para el controvertido referéndum.

A medida que este Gobierno se radicaliza, se mustian sus pretendidos valores: del barniz democratista de votar, a las coacciones a los que se opongan a colaborar; del derecho a decidir de los ciudadanos, a las decisiones ilegales adoptadas por sanedrines carentes de responsabilidad; de la transparencia, al oscurantismo.

Lo peor de este viaje al conflicto es su sentido autoritario. En el que va quedando cada día más claro que la apelación al diálogo (ojalá que hubiera sido impulsado por el Gobierno central) resulta decorativa. Todos los pasos del procés son ya monólogos: con las instituciones europeas, con los parlamentarios de la oposición, con la mitad de la ciudadanía, con los propios dirigentes nacionalistas más sensatos.

Esta estrategia conducirá inevitablemente al desastre a la Generalitat; a la división de la sociedad catalana; a la tensión del conjunto de los españoles; al deterioro de la recuperación económica. Urge rectificar: por ahí, no, pues del radicalismo que se sitúa al margen de la ley y viola los derechos de los catalanes nunca nada bueno se alcanzará.