Acercar a los presos

El 73% de los presos de ETA se ha inclinado a aceptar, tras una discusión que ha durado varios meses, las vías legales para iniciar el camino de la reinserción individual. Aceptar la legalidad significa renunciar a la militancia en la organización terrorista, rechazar los delitos cometidos y asumir el compromiso de resarcir a las víctimas de sus actos violentos.

Ante este nuevo paso, el Gobierno debería considerar si no es el momento oportuno para romper su inmovilidad y hacer algún gesto que facilite el cierre de las últimas bolsas de resentimiento e intolerancia que alimentan aún a los sectores abertzales más radicales. Ya han pasado cinco años desde que la banda anunció, el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo del terrorismo. En abril de este año, ETA tomó la iniciativa de desarmarse en Francia. Ahora acaba de producirse una iniciativa a favor de la legalidad de los presos, uno de los sectores más reacios a aceptar el fracaso de tanta violencia inútil.

La posibilidad de un repunte del terrorismo etarra es cada vez más remota, aunque haya habido algunos episodios de violencia en el entono abertzale —las agresiones de Alsasua, por ejemplo—, que tuvieron más de matonismo que de amenaza real a los pasos que la banda había dado hasta entonces. El reciente gesto del alcalde de Rentería, de EH Bildu, de pedir perdón a los familiares de tres víctimas de ETA merece destacarse, porque ya no tuvo nada de la falaz casuística de la equidistancia de violencias. Pedir perdón ha significado esta vez simplemente pedir perdón.

No es un detalle baladí. ETA ha sido derrotada de una forma incuestionable en el presente y su proyecto violento no tiene ningún futuro. Por eso los sectores que apoyaron en su día la deriva terrorista siguen empeñados en librar la guerra del pasado, la de la historia y la de la memoria. Son dos batallas de las que no pueden desentenderse ni la democracia española ni el nacionalismo vasco moderado y en las que deben unir sus fuerzas para vencer del todo a ese enemigo que quiso convertir la barbarie en el atajo sangriento con el que conseguir sus reivindicaciones.

La disolución de ETA sería el factor esencial de un cambio en la política penitenciaria, incluyendo el acercamiento de los presos, objetivo este que comparten todos los partidos vascos a excepción del PP y que figura en el acuerdo de gobierno del PSE con el PNV: el compromiso de propiciar una reorientación de la política penitenciaria que tenga como objetivo central la reinserción de los reclusos. Pero el reverso también podría ser una opción eficaz: mientras llega esa disolución, un gesto del Gobierno que reduzca la dispersión de los presos ayudaría decisivamente a debilitar los argumentos que sostienen a los sectores más intolerantes, y favorecería la disolución de la banda.

Ha sido la eficacia policial del Estado la que logró acabar con el terrorismo. Ahora toca hacer política, y el Gobierno puede obrar con generosidad para contribuir así a terminar con las últimas razones de las que se sirven los radicales para intentar ganar la batalla del pasado. Tampoco ahí debe triunfar el terrorismo.