La justicia da la razón a una opositora que fue obligada a examinarse a punto de dar a luz

La enfermera M. M. H. estaba en el hospital a punto de dar a luz, ya medicada y con ocho centímetros de dilatación, cuando se presentó en el hospital un miembro del tribunal examinador. O hacía una prueba en ese momento o quedaría excluida del proceso de oposición de enfermería. Ella paralizó el parto y presentó la prueba, pero en cuanto se recuperó, solicitó la nulidad del examen en esas condiciones. Casi tres años después, la justicia ha dado la razón a la mujer y ha anulado el examen.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia, dada a conocer este martes, en la que afirma que el tribunal examinador cercenó los derechos fundamentales de la mujer. En concreto, los derechos a la igualdad de todos los ciudadanos y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, garantizados en los artículos 14, 15 y 23 de la Constitución. "Conminar a la realización de un ejercicio bajo pena de tenerle por decaída en el mismo en las concretas y muy particulares circunstancias físicas y psíquicas en las que se encontraba (la opositora) repugna el más mínimo sentido común y supuso una mayúscula carencia de la más mínima sensibilidad", fundamentan los magistrados.

El caso ocurrió el 4 de octubre de 2014. M. M. H. tenía que presentar un ejercicio en el proceso selectivo para personal estatutario fijo en la categoría de diplomado sanitario, pero comunicó al tribunal que iba a dar a luz ese día. Fue atendida en el Hospital Gregorio Marañón, donde ya estaba bajo los efectos de la oxitocina y de los sueros, dilatada, con monitorización fetal interna, y se le había administrado anestesia epidural. Sin embargo, cuando el examinador le comunicó que no le dejaría hacer la prueba en otro momento, la mujer paralizó el tratamiento de oxitocina al que llevaba horas sometida y se le aumentó la epidural para mitigar los dolores que tenía. La opositora realizó el examen y volvió al paritorio, donde finalmente alumbró a una niña.

El primer paso tras recuperarse, fue solicitar por escrito ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que se anulara la prueba realizada en esas condiciones. La Administración no contestó el escrito, y aunque la afectada presentó una segunda solicitud, la respuesta fue de "absoluta pasividad y silencio administrativo", según los magistrados del TSJM. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Madrid consideró que la mujer tenía razón y anuló la prueba en primera instancia. Pero el SERMAS presentó un recurso, que finalmente ha sido rechazado por el Tribunal Superior. "El derecho no puede servir de cobertura para amparar o justificar decisiones conducentes al absurdo", señala la sentencia.

Los magistrados han reconocido que un parto no es ni una enfermedad grave ni una intervención quirúrgica urgente, sino el final de un proceso natural, pero han subrayado las circunstancias en las que actuó el tribunal examinador. Según el TSJM, la Administración debería haber buscado la manera de hacer efectivos los derechos de la opositora, con alguna medida como aplazar el ejercicio, y respetar la Ley de Igualdad que prohíbe la discriminación derivada de la maternidad.

No es la primera vez que a una mujer se le impide o dificulta hacer un examen de oposición debido a su embarazo. En 2016, una médico anestesista denunció en Madrid que fue obligada a presentar exámenes horas después de haber dado a luz, todavía en el hospital y con efectos de la anestesia. En 2014, el Supremo le dio la razón a Rosa María Santana, casi seis años después de que le impidieron hacer desde el hospital las pruebas para diplomados en enfermería en Castilla y León.