Amnistías, blanqueos y otras pócimas fiscales

Como suele decirse, el Gobierno ha salido en tromba a minimizar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía tributaria de Cristóbal Montoro. El portavoz del Ejecutivo se protegió tras el escudo del “vicio de forma”, pero puntualizó que el contenido de la amnistía está bien, faltaría más. Incluso ofreció una interpretación seráfica: gracias a las decisiones presupuestarias y a la amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno de entonces, la economía española se ha recuperado. Rafael Hernando, portavoz del PP, prefirió el desgarro trágico y ofreció una versión más truculenta. Según él, fue una decisión “a la desesperada” y, con ese soniquete de perdonavidas que le identifica entre mil, precisó que no fue una amnistía fiscal como las que se hacían en el pasado ni para “exonerar a nadie” (¿qué amnistías?, ¿para exonerar a quiénes?). Tales explicaciones —simples gollerías— merecen algunas precisiones. Como estas:

1. La amnistía fiscal de Montoro no fue una decisión “a la desesperada”, sino consciente y calculada. El Gobierno de Rajoy quería una amnistía fiscal. Demasiado bien sabían Montoro, Guindos y demás que se recaudaría más subiendo otros impuestos —como el de sociedades— que amnistiando evasores.

2. Cae en el ridículo quien sugiera que los resultados de la amnistía contribuyeron a la reactivación económica. Ni de lejos. Para sostener tal cosa, el portavoz y los defensores de Montoro tendrían que explicar, con cálculos detallados, cuánto hubiera ingresado Hacienda con otras decisiones fiscales distintas y más equitativas. Pero no figura entre los hábitos democráticos de este Gobierno convencer con cálculos cuando puede agredir a sus interlocutores con retórica oxidada.

3. Más ridículo resulta todavía que el Gobierno con mayor densidad de abogados del Estado por centímetro cuadrado no caiga en la cuenta de que los derechos que garantiza una ley fundamental no pueden ser modificados por decreto.

4. El contenido de la amnistía fue chapucero y ofensivo para la equidad fiscal de los españoles. Permitió un indecente blanqueo de dinero —el 2% de quienes se acogieron a la amnistía regularizaron dinero negro— y apenas consiguió la mitad de los objetivos previstos (recaudó 1.100 millones frente a los 2.400 estimados). ¡Que no falte la incompetencia!

Y 5. Los amnistiados evasores pagaron como media un gravamen del 3%; los ciudadanos cumplidores comprobaron cómo subían sus impuestos y se recortaban inversiones en sanidad o educación.

La semana pasada, Cristóbal Montoro salía a saludar desde los medios a una entusiasmada bancada popular que le aplaudía por la hazaña de comprar —con dinero público— los votos presupuestarios del PNV y los partidos canarios; hoy se esconde de las consecuencias de sus tóxicas pócimas fiscales. Victor Hugo sentenció que “el destino no tiene prisa, pero siempre llega”. También llegará para quienes se niegan a aceptar las consecuencias de humillante bofetón del TC.