Contratos corruptos

El análisis de los episodios de corrupción en España suele prestar poca atención al papel de las empresas que participan en ellos, como si no existiera relación entre corruptos y corruptores. También se olvida la gravísima perturbación que causa la práctica de los sobornos y la adjudicación pagada de contratos públicos a todas las empresas que rechazan la corrupción. De entrada, no es exagerado solicitar un tratamiento legal más duro que el actual, sin caer en decisiones histéricas, para penalizar la conducta de las sociedades sorprendidas en pago de comisiones y mordidas para asegurarse contratos públicos. Aunque las normas actuales de contratación permiten sancionarlas con la prohibición temporal de licitar adjudicaciones públicas, en la práctica resultan inoperantes: prácticamente se veta la licitación cuando la sentencia es firme, es decir, años después, en el mejor de los casos, de que se hayan captado y cobrado los contratos.

Reducir la corrupción pública exige una aproximación penal, que hoy ya están llevando a cabo la policía y los jueces. Pero requiere también una reforma a fondo de los sistemas de contratación con las Administraciones; reforma que, para que sea eficaz, necesita de la aprobación de una mayoría parlamentaria. Tiene que incluir por fuerza un esquema de sanciones gradual, más riguroso y disuasorio de los sorprendidos in fraganti o que acumulen suficientes indicios de conducta irregular. El umbral a partir del cual puede aplicarse a una empresa la prohibición de contratar con el sector público debería ser uno de las puntos decisivos del pacto político.

También es necesario imponer un cambio radical en las llamadas “mesas de contratación”. No es de recibo que formen parte de dichas mesas, en las que se deciden adjudicaciones millonarias, representantes de instituciones políticas y cargos de la Administración que encargan las licitaciones. Sus miembros deben ser técnicos, elegidos por sus capacidades profesionales. La política y los políticos deberían ser excluidos, hasta donde sea posible, de las decisiones técnicas de contratación.

La existencia de empresas corruptoras causa un daño incalculable no solo a las arcas públicas —trasladan el coste de las coimas al precio final de lo que suministran— sino también, hay que reiterarlo, a las empresas que actúan legalmente y se niegan a pagar comisiones, primas o sobres. Porque las que no corrompen sufren la competencia desleal de quienes sí lo hacen y resultan gravemente perjudicadas por ello en sus cuentas de resultados. Acaban desistiendo; una vez que comprueban que las mismas firmas se adjudican siempre los contratos, las buenas empresas se retiran de la competición. Son las empresas y sus instituciones quienes deberían rechazar y denunciar las prácticas de las que compiten deslealmente.

Estamos ante un grave perjuicio para el sistema democrático y para el tejido empresarial. Por una parte, los partidos que perciben comisiones ilegales compiten deslealmente con los que no disponen de financiación negra; y las empresas son empujadas, por la presión del soborno extendido, a aceptar la ilegalidad o retirarse de la carrera. Un drama que hay que corregir con celeridad.