La ciudad malnutrida

Los sistemas alimentarios que dan de comer a nuestras ciudades son injustos e insostenibles. Demasiadas personas, especialmente la población con menos recursos de las zonas urbanas, no tienen acceso a alimentos nutritivos y asequibles. En la actualidad, la población que sufre sobrepeso triplica a aquella que padece hambre. El sobrepeso está en aumento: en Francia lo sufren más del 50 por ciento de los hombres, en España más del 60 por ciento de los hombres y en Sudáfrica hasta el 60 por ciento de las mujeres. Cada vez más, el sobrepeso constituye una manifestación de la pobreza en el ámbito urbano.

En las próximas décadas, el fuerte crecimiento de las ciudades será uno de los principales desafíos. A escala global, nuestra capacidad para alimentar a las poblaciones urbanas puede convertirse o bien en un vector de estabilidad o bien en una fuerza desestabilizadora.

A lo largo de los últimos diez años, venimos observando un resurgir de las iniciativas que abordan la cuestión de la alimentación y la agricultura a partir de intervenciones en el ámbito local. Los organismos locales también empiezan a abordar la cuestión. El símbolo más poderoso de este movimiento alimentario local es el Pacto de política alimentaria urbana de Milán, un documento suscrito por más de 140 ciudades de todo el mundo, desde Montpellier a París y Valencia, pasando por Bilbao, Johannesburgo o Dakar. Todas ellas se comprometieron a fomentar sistemas alimentarios más saludables e igualitarios, enfocados a la sostenibilidad medioambiental y a la conservación de los sistemas agrícolas locales como punto de partida. Por ejemplo, los recientes esfuerzos para proteger la Huerta de Valencia, como espacio de producción y de vida frente a la expansión urbana, representan una clara muestra del actual interés prestado a los sistemas alimentarios urbanos.

Desde este punto de vista, la producción de alimentos ha pasado de considerarse un mero servicio agrícola a ser percibida como una parte esencial de la identidad social, económica y cultural de la ciudad. En París, el plan para la producción sostenible de alimentos de la ciudad tiene por objetivo para 2020 que el 50 por ciento de los alimentos que se consumen en los comedores sean alimentos certificados orgánicos y sostenibles. Entre las diversas iniciativas lanzadas por el gobierno local, se incluye el apoyo a los pequeños comercios y los supermercados de proximidad que ofrecen alimentos sostenibles, saludables y de alta calidad.

Los movimientos alimentarios locales han contribuido sustancialmente a favor de la economía local y la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción alimentaria. No obstante, se ha criticado que estos sistemas ofrecen alternativas a las élites urbanas, pero suelen permanecer inaccesibles para las personas con menos recursos. Para que un sistema alimentario sea considerado sostenible es indispensable que esta sostenibilidad responda a criterios ambientales pero también sociales.

En este sentido, ¿cómo pueden los responsables políticos y las personas y organizaciones activistas alimentarios evitar que sus intervenciones en sistemas alimentarios caigan en esta trampa?

Es necesario ser conscientes de las necesidades alimentarias, nutricionales, logísticas y de tiempo de toda la población y considerarlas el punto de partida a la hora de diseñar las intervenciones sobre los sistemas alimentarios. Llevar a cabo esta premisa adecuadamente implica que tanto desde la investigación como desde las administraciones, se trabaje con, y no solo para, la población urbana en su totalidad. Si pretendemos rediseñar el sistema en términos justos, resulta esencial comprender cómo consiguen acceder las personas con menos recursos a la comida, y de qué forma el acceso a los alimentos repercute en el modo de vida, la movilidad, el empleo y el ocio de los habitantes de la ciudad.

El segundo paso tiene que ver con las conclusiones de la investigación que llevo a cabo en Sudáfrica. La creación de un sistema alimentario alternativo que no tenga estrictamente en cuenta los motores y la cuestiones asociadas al poder y la economía, así como el conjunto de las políticas y los marcos de planificación de los sistemas alimentarios convencionales dominantes, limita, en última instancia, la viabilidad de las posibles intervenciones en el sistema alimentario local. En el análisis realizado, las cuestiones ligadas a la igualdad, la gobernanza participativa, la educación o la igualdad de género suelen aparecen como elementos centrales.

Si nos tomamos realmente en serio las realidades alimentarias que viven las personas con menos recursos, en las ciudades, y si generamos intervenciones en sistemas alimentarios dirigidas a mejorar su acceso a alimentos asequibles, nutritivos y sostenibles, no solo estaremos respondiendo a la problemática de la justicia, sino que además estaremos incrementando la viabilidad de los sistemas alimentarios en su conjunto.

Si el sistema alimentario que estamos generando no es un buen sistema para las personas en situación de pobreza, entonces no es bueno para nadie.

Jane Battersby es una investigadora sudafricana experta en desarrollo urbano que ha sido galardonada con el Premio Daniel Carasso 2017, premio internacional de ciencia a la investigación en alimentación sostenible.