Agonía brasileña

La gravísima crisis en la que vuelve a encontrarse Brasil —después de que se haya abierto al presidente, Michel Temer, una investigación por autorizar presuntamente el soborno del encarcelado expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, para que no revele lo que sabe— muestra que quienes impulsaron la destitución de la anterior presidenta, Dilma Rousseff, con el argumento de que era necesario para salvar las instituciones, no podían estar más equivocados o no pudieron obrar con más mala fe. El golpe bajo que supuso la expulsión de Rousseff de la jefatura del Estado, retorciendo de forma impropia y ventajista las normas constitucionales que rigen el enjuiciamiento político, no ha hecho sino incrementar la sensación general, dentro y fuera de Brasil, de que la corrupción campa a sus anchas por una de las mayores democracias y economías del planeta.

Hay que destacar la admirable independencia que ha demostrado desde hace años la justicia brasileña, ciertamente sin parangón en muchos lugares del planeta, incluyendo algunas democracias asentadas. Jueces y fiscales están resistiendo todo tipo de presiones en un proceso que está suponiendo una auténtica catarsis y provocando la agonía de una clase política y empresarial que no ha sabido estar a la altura de una sociedad comprometida con su desarrollo político, económico y, también, ético.

Hay que subrayar que la gravedad de los delitos de los que se acusa a Temer es mucho mayor de lo que fue el ilegal cambio de partidas en los presupuestos por el que fue destituida Rousseff. En este estado de cosas, la justicia debe seguir ejecutando su labor hasta sus últimas consecuencias y no ceder a amenazas ni a falsos razonamientos que creen que son los jueces, y no los corruptos, quienes están causando un daño irreparable al país.

Una de las peores características del terremoto que sufre Brasil es que la solución legal a esta crisis institucional es de enorme complejidad. La Constitución del país sudamericano —un sistema presidencialista— no prevé la celebración de elecciones anticipadas antes de los comicios previstos para octubre de 2018. Y en caso de una hipotética salida de Temer de la presidencia de la república sería el ya de por sí desacreditado Congreso el encargado de elegir a un nuevo jefe del Estado para que completara el mandato.

Pero con las instituciones cayéndose a pedazos, la economía tratando de salir de la crisis y una sociedad indignada y poco receptiva a los recortes emprendidos por Temer —la prometida reforma del sistema de pensiones tiene un rechazo del 70%— Brasil no puede permitirse el lujo de dejar pasar otro año y medio sin hacer nada mientras los ciudadanos son víctimas del desastre de corrupción y mala gestión. Por ello, parece inevitable que el Congreso ponga en marcha cuanto antes los mecanismos legales de reforma de la Constitución que permitan un adelanto electoral, y que sean los brasileños quienes elijan a un jefe del Estado que cuente con la legitimidad de las urnas y el mandato explícito de devolver a los brasileños unas instituciones democráticas libres de corrupción y a Brasil al lugar internacional que merece.