Un impuesto caótico

No es fácil explicar por qué el Gobierno y los Ayuntamientos han mantenido el impuesto conocido como plusvalía municipal con una regulación tan incongruente. Se da la circunstancia, gravemente perturbadora para la neutralidad fiscal, de que muchos propietarios tuvieron que pagar ese impuesto a pesar de que vendieron su propiedad por debajo del precio a la que la compraron; porque el valor del suelo sobre el que está la vivienda puede seguir aumentando, al menos en los baremos de los Ayuntamientos, aunque el precio de mercado del piso en cuestión se desplome. El Tribunal Constitucional acaba de dictaminar lo evidente: que si un vendedor no ha obtenido plusvalía al vender su vivienda no tiene que pagar el impuesto.

Esta doctrina, de sentido común, tendrá que aplicarse en todos los Ayuntamientos donde se cobre el tributo, y ha pillado en fuera de juego a Hacienda, que ya sabía que esto iba a suceder porque es una confirmación de lo que ya decidió en su día la Diputación de Guipúzcoa.

Los efectos de la sentencia, por el momento en sordina, son más complejos de lo que parece. Los ingresos de los Ayuntamientos quedarán reducidos y, puesto que se trata de un impuesto cedido por el Estado, es probable que los municipios reclamen una compensación al Gobierno. Suprimir el impuesto en nombre de su pésima motivación y sustituirlo por un aumento del IBI perjudicaría a los ciudadanos corrientes, que venden en pocas ocasiones una propiedad, pero beneficiaría a las inmobiliarias. Por tanto, hay que pensar con detenimiento cuál es la solución adecuada al caso planteado por la sentencia.

La sentencia no aclara un aspecto espinoso que el Gobierno debería regular con exactitud: ¿qué pasa cuando la venta no es en pérdida, sino parigual con la compra o cuando la diferencia entre ambos precios arroja un beneficio para el vendedor inferior a lo que ha de pagar por el impuesto?